El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca una consulta popular el 7 de agosto de 2025, con preguntas laborales y sanitarias. El proceso se suspenderá solo si el Congreso responde positivamente antes de esa fecha.
El presidente Gustavo Petro confirmó este miércoles la firma del decreto que convoca la consulta popular en todo el territorio nacional para el 7 de agosto de 2025, tal como lo había anticipado el Gobierno días atrás.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario explicó que la consulta se realizará salvo que el Congreso preste una respuesta afirmativa a los puntos planteados en las preguntas incluidas, que expresan un “orden constituyente”.
“El decreto será derogado antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo son respondidos positivamente por el Congreso”, afirmó Petro, y agregó que el documento fue enviado a la Corte Constitucional para su control previo.
La consulta busca abordar temas centrales de la reforma laboral, como la jornada laboral, recargos y protección social para economías informales, aunque no todos los temas fueron detallados en el decreto.
Este pronunciamiento se produjo en medio de una fuerte polémica: varios sectores políticos, instituciones y juristas han cuestionado la vía elegida, considerándolo posiblemente inconstitucional y una afrenta al equilibrio entre poderes .
Frente a estas críticas, el presidente defendió su decisión argumentando que el Senado bloqueó su propuesta y que la Constitución permite convocarla si el Legislativo no actúa en el plazo debido, mediante la llamada “excepción de inconstitucionalidad” .
El decreto también ordena a la Registraduría iniciar la organización logística de las votaciones y deja claro que será la Corte Constitucional la que determine su validez definitiva antes del ejercicio democrático .
Sectores de oposición han calificado la medida como un autogolpe institucional. Expresidente Duque, congresistas y gremios señalan un atropello legal y convocan acciones judiciales para frenar el proceso .
El Gobierno, por su parte, apuesta a fortalecer el debate político y legitimarlo con el respaldo ciudadano, asumiendo la pugna jurídica como parte del proceso democrático. Ahora, la Corte Constitucional tiene la palabra.
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