Defensores de derechos humanos realizaron un plantón en Ibagué para recordar los 284 casos de falsos positivos en el departamento y exigir una estrategia de seguridad basada en la paz y el respeto por los derechos humanos.
En la mañana de este lunes 10 de febrero, representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos se congregaron frente a la Gobernación del Tolima en un plantón pacífico para manifestar su rechazo al nombramiento del general retirado Eduardo Zapateiro como asesor de seguridad del departamento.
Durante la manifestación, Adriana Millán, coordinadora del Piloto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en San Juan de la China, enfatizó la necesidad de priorizar a las víctimas del conflicto armado en cualquier estrategia de seguridad. “Hoy vamos a recordar los 284 casos de falsos positivos que tenemos en el Tolima. En Ibagué hay 426 desaparecidos, de los cuales solo se han caracterizado 90 familias. La seguridad debe ser para todo el departamento, no solo para una persona”, afirmó.
Las organizaciones que integran la Mesa Territorial de Garantías del Tolima emitieron un comunicado en el que rechazaron categóricamente la designación de Zapateiro, señalando que su presencia en el cargo representa una vulneración a los derechos humanos y a la seguridad de los defensores sociales.
“Reconocemos la importancia de fortalecer la seguridad en el departamento, pero no es posible garantizarla bajo la política de impunidad, el recrudecimiento del conflicto y la instalación del miedo como única estrategia de defensa”, expresa el documento.
Además, la Mesa Territorial cuestionó el historial del exgeneral, haciendo referencia a su presunta participación en la masacre del Aracatazo en 1995 y a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2021. Según el comunicado, estos antecedentes generan desconfianza en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
Ante esta situación, las organizaciones hicieron un llamado a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, para que reconsidere el nombramiento y garantice una estrategia de seguridad incluyente, basada en el respeto por los derechos humanos y la construcción de paz.
Los manifestantes también exigieron la apertura de un diálogo urgente con la Gobernación para discutir las garantías de seguridad que ofrecería el nuevo asesor y evitar un retroceso en la protección de líderes sociales y víctimas del conflicto en la región.
Este pronunciamiento se suma a las voces de rechazo que han surgido desde distintos sectores, quienes advierten que decisiones como esta podrían profundizar la crisis de seguridad y afectar la confianza en las instituciones del departamento.
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