Gobernadores y alcaldes de varias regiones del país han manifestado su negativa a acoger el día cívico decretado por el Gobierno Nacional para la movilización del 18 de marzo. En Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda argumenta que la administración seguirá trabajando con normalidad, mientras sectores sociales insisten en su derecho a la protesta.
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la declaratoria de día cívico para el 18 de marzo ha generado reacciones encontradas en diferentes regiones del país. Mientras organizaciones sociales y sindicales se preparan para una movilización masiva en defensa de las reformas del Ejecutivo, varios mandatarios locales han expresado su rechazo a la medida, argumentando que la jornada laboral no debe verse interrumpida.
En el Tolima, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, fue una de las primeras en pronunciarse en contra del decreto. Aseguró que en la capital tolimense “se seguirá trabajando por la ciudad y sus importantes proyectos”. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por sectores ciudadanos que denuncian un estancamiento en las obras públicas y consideran que la negativa a acoger el día cívico es una estrategia política para deslegitimar la protesta.
Críticos de la administración municipal han recordado que, el pasado 2 de enero, la mandataria realizó un video en el que anunciaba un supuesto primer día de trabajo con todo su equipo, lo que luego fue calificado como un acto simbólico sin mayores efectos en la gestión. Ahora, cuestionan si su negativa al día cívico responde a un verdadero compromiso con el desarrollo de la ciudad o si se trata de una postura política alineada con sectores de oposición al Gobierno Nacional.
Por otro lado, se ha señalado que el argumento de algunos mandatarios locales sobre la afectación de la productividad carece de fundamento. En el caso del Tolima, se estima que las alcaldías y la Gobernación no concentran más de 750 empleos públicos, una cifra mínima en comparación con la cantidad de ciudadanos que saldrán a manifestarse en el país. Esto refuerza la percepción de que la negativa de los mandatarios responde a una decisión política más que administrativa.
El derecho a la protesta está consagrado en la Constitución colombiana y no puede ser restringido por las autoridades locales. Organizaciones sociales han advertido que, si se presentan intentos de obstaculizar la movilización del 18 de marzo, se interpondrán denuncias contra los mandatarios que vulneren este derecho.
A nivel nacional, se espera que más de 12 millones de personas participen en la jornada de movilización, convocada en respaldo a las reformas promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro. Entre los puntos principales de la protesta se encuentran la defensa de la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, que han enfrentado fuertes obstáculos en el Congreso.
El 18 de marzo se perfila como una jornada clave para medir el respaldo ciudadano a las iniciativas gubernamentales y la capacidad de movilización de los sectores sociales. Mientras tanto, la controversia sobre la jornada cívica sigue creciendo, con un claro pulso entre el Gobierno y algunos mandatarios locales que buscan desmarcarse de la convocatoria.
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