El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que abarcan cerca de 48.497 hectáreas en ocho municipios. La iniciativa abre nuevamente el debate sobre el uso del suelo, la autonomía territorial y la actividad agropecuaria.
Un cambio en el ordenamiento rural del norte del Tolima está en discusión tras la publicación de un proyecto del Ministerio de Agricultura que propone derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) declaradas en ocho municipios. La iniciativa comprende territorios de Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Líbano, Murillo, Palocabildo y Villahermosa. En conjunto, estas zonas representan aproximadamente **48.497 hectáreas** que habían sido delimitadas para proteger los terrenos destinados a la producción de alimentos. La propuesta busca retirar esa figura de protección y reabrir la discusión sobre las actividades que pueden desarrollarse en estos territorios.
El proyecto normativo fue publicado por el Ministerio de Agricultura el 7 de octubre de 2026 y contempla derogar las resoluciones 000044, 000045 y 000052 de ese mismo año. Estos actos administrativos habían establecido las APPA en los municipios del corredor agropecuario de la cordillera noroccidental del Tolima. La propuesta fue puesta a consideración de la ciudadanía y de los sectores interesados, con un periodo para presentar observaciones que se extendió hasta el 22 de octubre. Por lo tanto, la publicación del proyecto no debe confundirse con la expedición de una resolución definitiva que haya eliminado las áreas protegidas.
De acuerdo con la información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las áreas declaradas comprenden 6.776 hectáreas en Fresno, 1.117 en Herveo y 4.488 en Murillo. A estas se suman 2.271 hectáreas en Casabianca, 13.039 en Líbano, 5.206 en Palocabildo, 3.892 en Villahermosa y 11.703 en Falan. El Líbano y Falan concentran las extensiones más amplias dentro de esta delimitación. La distribución refleja la importancia agrícola de esta zona de cordillera y el alcance territorial que tendría la eventual derogatoria.
Las APPA son una figura de ordenamiento territorial orientada a proteger los suelos rurales con importancia estratégica para la producción de alimentos. Su finalidad es evitar que terrenos con vocación agropecuaria sean desplazados por otros usos que puedan comprometer su capacidad productiva. La declaratoria también busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, así como reconocer el papel de las comunidades campesinas en el abastecimiento de alimentos. Según el Ministerio de Agricultura, estas áreas se incorporan al ordenamiento del suelo rural como determinantes de superior jerarquía.
La eventual eliminación de esta figura ha sido presentada por sus promotores como una oportunidad para que los municipios tengan mayor margen de decisión sobre sus territorios y sus actividades económicas. En el mensaje que acompaña la divulgación de la iniciativa se plantea que el ordenamiento rural debe construirse desde las comunidades y las realidades productivas locales. Bajo esa perspectiva, los productores podrían contar con nuevas posibilidades para proyectar actividades agrícolas, pecuarias y otros usos del suelo. Sin embargo, la derogatoria de las APPA no significaría automáticamente que cualquier actividad quede autorizada, pues continuarían vigentes las normas ambientales, los instrumentos de ordenamiento territorial y los requisitos legales correspondientes.
La discusión también tiene implicaciones económicas para los municipios, donde las actividades agropecuarias conviven con otros intereses productivos. Los documentos técnicos elaborados durante la identificación de las APPA incluyeron análisis sobre la frontera agrícola, las condiciones del suelo y las dinámicas territoriales. También examinaron la presencia de actividades minero-energéticas y sus posibles relaciones con las áreas delimitadas. Estos elementos hacen parte del debate sobre el futuro del territorio y la necesidad de equilibrar la producción de alimentos, la protección ambiental y las oportunidades económicas.
La propuesta del norte del Tolima se suma a otras decisiones y proyectos del Gobierno nacional relacionados con la revisión de las APPA en diferentes regiones del país. En octubre, el Ministerio publicó y adelantó procesos de derogatoria para áreas declaradas en La Guajira, Antioquia y Cundinamarca. Estos movimientos han reactivado la discusión sobre las competencias nacionales y municipales en materia de ordenamiento territorial, así como sobre los mecanismos para proteger los suelos destinados a la alimentación. El caso del Tolima se encuentra dentro de ese proceso de revisión normativa.
Por ahora, los ocho municipios del norte del Tolima están ante una decisión que puede modificar el marco de protección de cerca de 48.497 hectáreas rurales. El paso determinante será conocer si el Ministerio de Agricultura expide el acto administrativo definitivo que derogue las resoluciones de declaratoria, una vez surtido el procedimiento correspondiente. Mientras tanto, el debate involucra a productores, autoridades locales, sectores económicos y comunidades campesinas. El desafío será establecer cómo se garantizará el desarrollo rural y la autonomía territorial sin desconocer la importancia de conservar los suelos productivos y asegurar la disponibilidad de alimentos para la región y el país.
