Diana Magaly Caro Galindo habría modificado el Manual de Funciones de la Alcaldía para facilitar el acceso de funcionarios que no cumplían con los requisitos exigidos. El proceso disciplinario avanza.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Magaly Caro Galindo, alcaldesa de Santa Isabel, Tolima, por presuntas irregularidades en la modificación del Manual de Funciones y Competencias Funcionales de la Administración Municipal. Según el ente de control, la mandataria habría realizado cambios para permitir el nombramiento de funcionarios que no cumplían con los requisitos legales.
De acuerdo con la Procuraduría, el 1° de enero de 2024, la alcaldesa expidió el Decreto Municipal 002, con el que modificó el “Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales” de la Alcaldía. Con esta reforma, se habrían flexibilizado los requisitos en cargos clave, como el de Secretario General y de Gobierno y el de Secretario de Planeación y Obras Públicas, permitiendo la designación de personas sin la experiencia o formación exigida.
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El ente de control señaló que los cambios realizados ampliaron la formación académica a áreas no relacionadas con las funciones del cargo, redujeron el nivel de educación requerido y eliminaron la exigencia de experiencia laboral. Además, los funcionarios habrían sido nombrados el mismo 1° de enero de 2024, antes de la publicación oficial del manual, que solo se realizó el 3 de febrero de 2024.
La investigación se inició tras denuncias presentadas por concejales del municipio, quienes advirtieron sobre presuntas irregularidades en la gestión de la mandataria. A raíz de estas quejas, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la conducta de la alcaldesa como una posible falta grave, argumentando que no habría garantizado el cumplimiento de las normas de administración pública.
El caso cobra relevancia en el contexto de la lucha contra la corrupción y la transparencia en la función pública, ya que las modificaciones en el Manual de Funciones podrían haber sido usadas para beneficiar a ciertas personas en el acceso a cargos oficiales.
La alcaldesa Caro Galindo aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, pero podría enfrentar sanciones disciplinarias si la Procuraduría determina que hubo una vulneración de las normativas vigentes.
El proceso disciplinario continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la defensa de la mandataria y las decisiones del ente de control.
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