La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación formal sobre los presuntos sobrecostos en el contrato de $8.034’790.377 firmado entre la Alcaldía de Ibagué y la empresa León Gráficas para la organización del 50º Festival Folclórico Colombiano. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué se centra en la falta de planeación y el posible incumplimiento de los términos del proceso. El contrato, destinado a la realización del festival, ha sido objeto de controversia por los elevados costos de algunos ítems, como tamales valorados en $21.000 cada uno y hospedajes para parejas a $1.300.000 por noche. Estos precios han generado sospechas de un posible detrimento fiscal.
La investigación también examina si la Administración Municipal modificó el cronograma del proceso de forma arbitraria, lo que habría impedido el cumplimiento del traslado legal del informe de evaluación. Esta modificación podría haber favorecido a León Gráficas en la adjudicación del contrato, lo que indicaría una posible intención de direccionar el contrato a esta empresa.
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría ha decretado la práctica de pruebas que verifiquen las conductas irregulares y determinen si constituyen faltas disciplinarias. Entre los investigados se encuentra Mauricio Cala, el secretario de Cultura de Ibagué, quien habría tenido un papel relevante en la adjudicación del contrato. En respuesta a las acusaciones, la alcaldesa Johana Aranda ha prometido ajustes en los ítems cuestionados para asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos comprometidos con la transparencia y la correcta utilización de los fondos destinados a nuestras festividades culturales”, afirmó Aranda.
El Festival Folclórico Colombiano, que este año celebra su 50ª edición, es uno de los eventos culturales más importantes del país y atrae a miles de turistas a Ibagué. Sin embargo, las acusaciones de sobrecostos y corrupción han generado desconfianza entre los ciudadanos y han oscurecido los preparativos del evento.
La comunidad de Ibagué espera con interés los resultados de la investigación y confía en que se tomen las medidas necesarias para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que el festival se desarrolle sin más contratiempos.
Mientras tanto, la Procuraduría continúa su labor de recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Los resultados de esta investigación podrían tener implicaciones significativas para la Administración Municipal y para el futuro de las contrataciones públicas en la región.
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