La Procuraduría presentó pruebas ante la Corte Suprema que vinculan al exsenador con la manipulación de contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca a través del DPS.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como “Marionetas 2”. Según la investigación, Ramírez habría manipulado contratos estatales a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el gobierno de Iván Duque.
El excongresista enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. La Corte Suprema lo investiga por supuestamente direccionar 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, utilizando su influencia política para beneficiar a determinadas empresas a cambio de favores económicos.
El juicio contra Ramírez inició en octubre de 2024 en la Sala de Primera Instancia de la Corte, aunque él ya se encontraba privado de la libertad desde diciembre de 2023. Durante las audiencias, el exsenador negó su participación en los hechos y aseguró que no intervino en el proceso de adjudicación del convenio 670, del cual se desprendieron 13 contratos por un valor de 24 mil millones de pesos.
Sin embargo, la Procuraduría presentó material probatorio que lo vincula directamente con las irregularidades. En audios, chats y registros de ingreso al DPS, se evidencia cómo se favorecieron empresas más pequeñas con vínculos a socios de la firma Proyecta Quindío, una de las principales beneficiadas del esquema de contratación.
Un testimonio clave en el caso es el de Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, quien confesó haber direccionado contratos por más de 170 mil millones de pesos con el DPS en Quindío y Tolima. Según Herrera, parte de estos contratos incluyeron el pago de coimas a Ramírez, quien exigía un porcentaje por cada convenio firmado.
Además, la estrategia de defensa del exsenador sufrió un revés cuando Pierre García, exsubdirector del DPS y copartidario de Ramírez, se negó a declarar a su favor, debilitando su argumento de que las adjudicaciones fueron legítimas.
El caso “Marionetas 2” ha puesto en el centro del debate el manejo de los contratos del DPS durante la administración Duque, donde se investiga si estos fueron utilizados como mecanismo para asegurar apoyo político en el Congreso a través de la entrega de recursos a congresistas aliados.
Con las pruebas y testimonios en su contra, la Procuraduría insistió en que hay suficientes elementos para que la Corte Suprema condene al exsenador. Ahora, el alto tribunal deberá evaluar las evidencias y tomar una decisión sobre la responsabilidad penal de Ramírez en este escándalo de corrupción.
Mientras el proceso avanza, el caso sigue generando controversia sobre la transparencia en la contratación estatal y la forma en que se asignaron millonarios recursos públicos en el país.
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