La Procuraduría General de la Nación ha confirmado el fallo proferido por la Provincial de Girardot, en el cual declara disciplinariamente responsables a varios concejales de El Espinal por las irregularidades cometidas durante una sesión en la que se llevó a cabo la elección de la mesa directiva y la reelección del secretario general.
Según la Procuraduría, en fallo de segunda instancia, se determinó que el presidente del concejo, Steven Duque Cortés; el primer vicepresidente, Antonio González Malambo; y la segunda vicepresidenta, Nathaly Bonilla Guzmán, incumplieron los requisitos establecidos para llevar a cabo los procesos electivos. La falta de convocatoria pública, la ausencia de citación con antelación y la falta de un orden específico fueron algunas de las irregularidades identificadas.
La Procuraduría enfatizó que los concejales no actuaron conforme a la Constitución, la ley y el reglamento, y no tomaron en cuenta las advertencias de sus colegas sobre los vicios de trámite y la ilegalidad de la sesión. Esta falta de transparencia en el ejercicio de sus competencias constituye un desconocimiento de los principios fundamentales que rigen su labor como servidores públicos.
En consecuencia, la Procuraduría declaró a los concejales responsables de cometer faltas graves a título de culpa gravísima por violación manifiesta de normas de obligatorio cumplimiento. Como resultado, se impuso una sanción de suspensión de dos meses para Steven Duque Cortés, de un mes y medio para Antonio González Malambo, y de un mes para Nathaly Bonilla Guzmán.
Este fallo de la Procuraduría pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de los procedimientos legales en los procesos electivos. La elección de las mesas directivas y la designación de cargos de responsabilidad en el ámbito público deben realizarse de acuerdo con los principios de legalidad y transparencia, asegurando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Es fundamental que los concejales y demás servidores públicos actúen con responsabilidad y acaten las normas establecidas para el ejercicio de sus funciones. La violación de los requisitos legales y reglamentarios no solo afecta la integridad de los procesos, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
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En este caso específico, la Procuraduría ha emitido un fallo ejemplar, demostrando su compromiso con la ética y la legalidad en el ejercicio de la función pública. La suspensión impuesta a los concejales sancionados busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de respetar los procedimientos establecidos y garantizar la transparencia en el desempeño de los cargos públicos.
Finalmente, es importante destacar que este fallo no solo tiene implicaciones disciplinarias para los concejales involucrados, sino que también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el ámbito municipal. Las autoridades correspondientes deben estar atentas a prevenir y sancionar cualquier irregularidad que pueda comprometer la legitimidad y la confianza en los procesos de toma de decisiones en el ámbito local.
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