Dos personas fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un esquema de captación masiva y habitual de dinero que habría movilizado cerca de $200.000 millones entre 2021 y 2024. Las autoridades señalan que unas 8.000 personas habrían entregado recursos bajo la promesa de recibir altas rentabilidades mediante negocios relacionados con la comercialización de plátano.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, señalados de participar presuntamente en un esquema de captación ilegal de dinero. Según la investigación, entre 2021 y 2024 habrían recibido cerca de $200.000 millones provenientes de aproximadamente 8.000 ciudadanos. El proceso es adelantado por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. La investigación está adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales. Los hechos habrían ocurrido durante varios años. Las autoridades buscan establecer el alcance total de la operación. Los procesados no aceptaron los cargos imputados.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el esquema habría comenzado en 2021 mediante una comercializadora y exportadora. Un año después, la actividad habría continuado a través de una cooperativa. Las entidades habrían utilizado diferentes mecanismos para atraer a potenciales inversionistas. La propuesta estaba relacionada con la comercialización de productos agrícolas. Entre ellos se encontraba principalmente el plátano. Los investigadores consideran que esta actividad habría servido como fachada para captar recursos. Las autoridades continúan estableciendo cómo fueron manejados los dineros.
Una de las modalidades ofrecidas consistía en la supuesta compra de plátano a productores de diferentes regiones. Posteriormente, el producto sería comercializado en mercados nacionales e internacionales. Para ello, un intermediario tendría la responsabilidad de realizar la venta a un comprador extranjero. La propuesta habría generado confianza entre los participantes. A partir de este modelo se habrían recibido importantes sumas de dinero. Sin embargo, según la Fiscalía, los rendimientos prometidos no se habrían materializado. Tampoco se habría producido la devolución de los recursos entregados. Esta situación originó las investigaciones judiciales.
La segunda modalidad habría consistido en incorporar a terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’. Para formalizar los aportes se utilizaban contratos de cuentas en participación. A quienes entregaban el dinero se les habría ofrecido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles. Los supuestos rendimientos estarían relacionados con las ganancias de la comercialización del plátano. La elevada rentabilidad habría sido uno de los principales atractivos para los inversionistas. Según la investigación, miles de personas habrían confiado sus recursos al esquema. Posteriormente, no habrían recibido las ganancias prometidas. Tampoco habrían recuperado el capital invertido.
Los elementos materiales probatorios permitieron establecer, preliminarmente, que cerca de 8.000 personas habrían entregado aproximadamente $200.000 millones. Entre los presuntos afectados figurarían mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento. También aparecerían docentes rurales, campesinos y agricultores. Para muchos de ellos, los recursos entregados representarían parte importante de sus ingresos y ahorros. La Fiscalía busca determinar el número exacto de afectados. También se investiga el destino final de los recursos. El proceso podría avanzar con nuevas actuaciones judiciales. Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el presunto entramado financiero.
La captación se habría concentrado principalmente en municipios de Antioquia. Entre los lugares mencionados aparecen Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes. Sin embargo, la investigación también identificó posibles afectados en otros departamentos. Entre ellos se encuentran Valle del Cauca, Magdalena y Tolima. La extensión territorial del caso evidencia el alcance que habría tenido el mecanismo de captación. Las autoridades analizan información financiera y contractual relacionada con los aportes. También buscan identificar otros posibles participantes. La Fiscalía no descarta que puedan aparecer nuevos afectados durante el proceso. El caso permanece bajo investigación judicial.
Mariana Vanessa Araos Borja fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova. Alexander Suarez Burgos, por su parte, se presentó voluntariamente ante las autoridades. En audiencias independientes, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos de captura. Posteriormente, una fiscal especializada les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno de los dos procesados aceptó responsabilidad por los hechos atribuidos. Los jueces determinaron que debían cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad. La medida deberá cumplirse en sus respectivos lugares de residencia. El proceso continuará mientras se establece su eventual responsabilidad penal.
La Fiscalía señaló que la investigación busca esclarecer completamente la estructura utilizada para recibir los recursos. También se pretende determinar quiénes participaron en la administración y movimiento del dinero. Por ahora, los procesados conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia. La judicialización no constituye por sí misma una condena. Será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad penal. Mientras avanzan las actuaciones, las autoridades continuarán recopilando pruebas. El caso ha generado preocupación por el número de personas que habrían entregado sus recursos. La información fue divulgada por la Fiscalía por razones de interés general. Las investigaciones determinarán finalmente el alcance y las responsabilidades dentro del presunto esquema.
