Las intervenciones de la gobernadora Adriana Matiz, congresistas y autoridades ambientales en la Comisión Quinta del Senado dejaron al descubierto diferencias sobre la respuesta institucional frente a la minería ilegal, los daños ambientales y las denuncias sobre posibles intereses mineros en zonas afectadas por incendios forestales.
La sesión de control político realizada este martes 10 de noviembre en la Comisión Quinta del Senado estuvo marcada por fuertes diferencias entre la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y congresistas del Pacto Histórico, quienes cuestionaron la gestión institucional frente a la minería ilegal, la protección ambiental y los intereses económicos que podrían existir sobre territorios afectados por incendios forestales. El debate, convocado por el senador Miguel Ángel Barreto, también examinó la situación de orden público y la pérdida de control territorial en el sur del departamento.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo después de que el senador Kevin Gómez cuestionara a la mandataria departamental por sus declaraciones y la calificara de negacionista frente a las denuncias sobre la relación entre incendios forestales y solicitudes de títulos mineros. El congresista aseguró que, según la información recopilada por su equipo, varios focos de conflagración coincidirían con zonas solicitadas para exploración minera, áreas de protección ambiental y territorios destinados a la producción de alimentos. Estas afirmaciones constituyen denuncias que requieren verificación por parte de las autoridades competentes.
Gómez también cuestionó la cooperación internacional que, según indicó, habría recibido la Gobernación durante la recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Mencionó acercamientos con Canadá e Israel y aseguró que, hasta el momento, no existiría suficiente claridad pública sobre el alcance de esos acuerdos. Además, expresó preocupación por versiones que apuntarían a posibles intentos de compra de predios afectados por las conflagraciones, aunque no presentó en las declaraciones suministradas pruebas concluyentes que permitan establecer que esas operaciones estén relacionadas con proyectos mineros.
En materia de titulación, el congresista sostuvo que el 20,4 % del territorio tolimense tendría títulos mineros o solicitudes en trámite y afirmó que, durante el actual Gobierno nacional, se habrían presentado nuevas solicitudes que abarcarían cerca de 45.937 hectáreas. Sin embargo, las cifras deben contrastarse con los registros oficiales: la ficha de la Agencia Nacional de Minería con corte al 28 de febrero de 2026 reportaba 245 títulos vigentes, equivalentes al 2,77 % del territorio departamental, y 377 solicitudes de contratos de concesión que comprendían 325.889 hectáreas, equivalentes al 13,83 %. Son categorías distintas y no deben sumarse o interpretarse como si todas las solicitudes ya fueran títulos otorgados.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la promoción internacional de los llamados minerales críticos. Sobre este punto, el Ministerio de Minas y Energía confirmó en una respuesta oficial del 23 de octubre de 2026 la existencia de un memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Estados Unidos el 8 de septiembre de ese año, relacionado con minerales críticos y tierras raras. La cartera precisó que cualquier iniciativa derivada del instrumento debe respetar la legislación colombiana, las competencias de las autoridades y las restricciones ambientales y mineras vigentes.
Frente a los señalamientos, la gobernadora Adriana Matiz defendió las actuaciones de su administración y presentó un balance de las acciones adelantadas contra la minería ilegal. Según lo expuesto por la mandataria, el departamento ha realizado 98 consejos de seguridad, 178 operaciones contra esta actividad, 136 capturas y la intervención de 52 minas o polígonos, además de 108 excavadoras y retroexcavadoras. También solicitó al Congreso modificar la legislación minera para diferenciar a los pequeños mineros de las estructuras criminales y fortalecer los controles sobre maquinaria, combustibles y comercialización del oro.
Por su parte, la directora general de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, presentó el balance de la autoridad ambiental y pidió una respuesta articulada de las instituciones para recuperar los cauces de los ríos Atá y Saldaña. De acuerdo con las cifras entregadas en el material institucional, desde 2024 la corporación ha acompañado 69 operativos, que permitieron la aprehensión de 136 máquinas: 94 inutilizadas o destruidas y 42 incautadas. También reportó la intervención de 189 minas, principalmente en Ataco, Coyaima, Chaparral y Planadas, y señaló que la recuperación integral del territorio requeriría inversiones superiores a los $189.000 millones.
Las cifras presentadas por Cortolima y la Gobernación corresponden a balances institucionales distintos y deben leerse de acuerdo con el alcance y el periodo de cada reporte. En marzo de 2026, por ejemplo, Cortolima informó sobre operativos en Ataco y Coyaima, donde se destruyeron motores industriales y retroexcavadoras, se capturaron 12 personas en una intervención en Coyaima y se documentaron afectaciones sobre 232 hectáreas de cobertura vegetal en Ataco. La entidad también advirtió sobre alteraciones en los ríos Atá y Saldaña, relacionadas con el ingreso de maquinaria y las actividades de extracción ilícita de oro. Cortolima
La discusión sobre los incendios forestales ya había llegado al Congreso en septiembre, cuando el senador Kevin Gómez denunció posibles coincidencias entre áreas afectadas por el fuego y predios con solicitudes de títulos mineros. En esa oportunidad pidió revisar los trámites y establecer si existía alguna relación entre las conflagraciones y eventuales cambios en el uso del suelo. Por otra parte, el exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo solicitó a la Fiscalía investigar las coincidencias identificadas mediante imágenes satelitales y advirtió expresamente que una correlación no demuestra por sí sola una relación de causalidad.
Al cierre del debate, Matiz insistió en la necesidad de reformar la legislación para perseguir toda la cadena económica de la minería ilegal, desde quienes suministran maquinaria y combustible hasta quienes compran y comercializan el oro. La mandataria también pidió mantener la presencia de la Fuerza Pública en Ataco y garantizar la continuidad de las operaciones para evitar el retorno de las estructuras ilegales. La controversia dejó planteadas varias preguntas sobre la protección de los recursos naturales, la transparencia de los acuerdos relacionados con minerales estratégicos y la responsabilidad de las autoridades nacionales y departamentales. Mientras tanto, las denuncias sobre posibles intereses mineros detrás de los incendios deberán ser esclarecidas mediante investigaciones técnicas y judiciales, sin convertir las coincidencias geográficas en conclusiones anticipadas.
