El representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta, anunció la presentación de una iniciativa legislativa para el próximo 20 de julio que busca facultar a la fuerza pública para ingresar a las universidades e intervenir ante actos vandálicos, eliminando las restricciones actuales de acceso para capturar a encapuchados que alteren el orden público en los campus.
El congresista Jaime Arizabaleta confirmó que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República el proyecto conocido como «Ley Anticapuchos». Según el legislador, esta normativa pretende establecer medidas contundentes frente a la presencia de personas con el rostro cubierto en los entornos universitarios, quienes, a su juicio, suelen protagonizar desmanes que afectan la seguridad de la comunidad educativa.
La propuesta central de la iniciativa radica en otorgar autonomía directa a la fuerza pública, permitiéndoles ingresar a los establecimientos educativos sin necesidad de esperar órdenes previas por parte de alcaldes o rectores. El objetivo principal, de acuerdo con el representante, es facilitar la captura inmediata de individuos que cometan actos vandálicos, protegiendo así el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar de los estudiantes.
Arizabaleta argumentó que esta medida es necesaria debido a la recurrencia de situaciones donde el orden público se ve comprometido dentro de los campus. Bajo esta nueva regulación, la policía tendría la potestad de actuar bajo criterios operativos propios siempre que detecten actividades delictivas o comportamientos que pongan en riesgo la integridad física de las personas o la infraestructura de los centros de educación superior.
El anuncio ha generado expectativas sobre el debate legislativo que comenzará en la próxima legislatura. El congresista sostiene que la ley es un mecanismo indispensable para combatir la impunidad en las protestas violentas. No obstante, defensores de la autonomía universitaria y diversos sectores sociales advierten que la propuesta podría entrar en conflicto con principios fundamentales de independencia académica y derechos fundamentales.
El texto del proyecto busca eliminar las barreras logísticas y jerárquicas que actualmente limitan la entrada de los agentes a los recintos universitarios. Arizabaleta insiste en que las universidades no deben ser zonas vedadas para la aplicación de la ley, especialmente cuando se presentan situaciones de criminalidad. La discusión promete ser uno de los ejes centrales del debate en el Legislativo colombiano a partir de este mes.
La iniciativa define como foco de intervención a aquellos individuos que utilicen elementos para ocultar su identidad durante los disturbios. Según el proponente, la gran mayoría de estos actores no forman parte de la comunidad académica, por lo que su presencia en los campus representaría una infiltración de grupos que buscan desestabilizar la paz ciudadana y afectar a la población más humilde.
Finalmente, el representante recalcó que el proyecto busca brindar herramientas claras para que la fuerza pública no sea neutralizada ante los bloqueos o ataques. Con este articulado, el parlamentario espera obtener el respaldo necesario en el Congreso para garantizar que las autoridades puedan intervenir sin dilaciones, asumiendo la responsabilidad de mantener el orden incluso dentro de la propiedad educativa.
