La Fiscalía logró sentencia de ocho años y nueve meses contra Cristian Camilo Serna Hurtado, quien intentó llevar a dos adolescentes de Chaparral hacia Caquetá para vincularlas a las disidencias de las Farc.
El departamento del Tolima vuelve a ser escenario de hechos graves relacionados con el conflicto armado. La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra Cristian Camilo Serna Hurtado, quien fue capturado en flagrancia y aceptó su responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito de dos menores de edad en el municipio de Chaparral. El caso evidencia cómo las disidencias de las Farc aún intentan expandir su control en la región a través del reclutamiento de adolescentes.
De acuerdo con el ente investigador, los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando Serna Hurtado contactó a dos jóvenes de 13 y 17 años. Con amenazas y engaños, les advirtió que sus familias podrían ser atacadas si no aceptaban acompañarlo hasta el departamento de Caquetá, donde serían vinculadas a una estructura armada ilegal. La Fiscalía resaltó que la manipulación psicológica y el temor fueron usados como herramientas de presión contra las víctimas.
El plan criminal comenzó a desmoronarse gracias a la reacción oportuna de la madre de una de las adolescentes. La mujer descubrió la maniobra al percatarse de la compra de tiquetes intermunicipales que tenían como ruta inicial el municipio de Guamo, en Tolima, y como destino final Caquetá. Su denuncia inmediata fue clave para detener la operación de reclutamiento.
La situación, sin embargo, ya había avanzado en parte. La menor de 13 años alcanzó a subir al bus intermunicipal, pero fue rescatada durante el trayecto por la Policía Nacional, que también capturó en ese mismo momento al reclutador. La rápida intervención permitió evitar que ambas jóvenes fueran trasladadas hacia zona de influencia de las disidencias.
En desarrollo del proceso judicial, Cristian Camilo Serna Hurtado aceptó los cargos durante la audiencia de acusación. Un juez penal de conocimiento, con sede en Ibagué, lo condenó a ocho años y nueve meses de prisión, pena que deberá cumplir en un centro carcelario. La sentencia fue catalogada por la Fiscalía como una medida ejemplarizante frente a la protección de los menores.
La Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía aseguró que este caso confirma que las disidencias continúan operando en el sur del Tolima, donde mantienen estrategias de reclutamiento de menores para fortalecer sus filas. La funcionaria advirtió que estas prácticas atentan directamente contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
El ente acusador reiteró que seguirá reforzando la presencia institucional y judicial en la región, en articulación con la fuerza pública, para prevenir que hechos similares se repitan. La alerta se extiende a las comunidades rurales, donde los grupos armados ilegales ejercen mayor presión sobre las familias más vulnerables.
Finalmente, la Fiscalía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de reclutamiento y destacó que la colaboración de la madre fue determinante para frustrar el plan criminal. La institución enfatizó que la lucha contra la vinculación forzada de menores a estructuras armadas ilegales es una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad.
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