El representante a la Cámara Renzo Alexander García solicitó en la Comisión Quinta la realización de una audiencia pública en el Tolima para analizar el avance de la minería ilegal y la respuesta institucional frente a esta problemática. El congresista advirtió sobre la presencia de más de 300 máquinas en municipios del sur del departamento y pidió construir soluciones que involucren al Gobierno Nacional, las autoridades regionales y las comunidades.
El avance de la minería ilegal en el sur del Tolima llegó nuevamente al Congreso de la República, luego de que el representante Renzo Alexander García solicitara formalmente ante la Comisión Quinta la realización de una audiencia pública en el departamento para analizar la problemática y definir acciones frente al deterioro ambiental y social que, según denunció, afecta a varias comunidades.
Durante su intervención, el congresista señaló que municipios como Ataco, Planadas, Rioblanco, Chaparral y Coyaima enfrentan una creciente presencia de maquinaria utilizada presuntamente en actividades extractivas no autorizadas, situación que estaría modificando ecosistemas estratégicos y generando impactos sobre los recursos naturales.
García aseguró que en estas localidades transitan más de 300 máquinas, entre excavadoras, retroexcavadoras y paladragas, incluso en sectores cercanos a los cascos urbanos. Según el representante, pese a la magnitud del fenómeno, no se estarían ejecutando controles efectivos y permanentes por parte de las autoridades locales y ambientales.
El congresista sostuvo que la problemática no es reciente y que se ha mantenido de manera continua durante aproximadamente dos años, afectando la dinámica de las comunidades del sur del Tolima. A su juicio, la expansión de estas actividades requiere una respuesta institucional coordinada que permita atacar tanto las operaciones ilegales como las estructuras que las sostienen.
Durante su intervención también cuestionó el papel de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). García calificó de complaciente la actuación de la autoridad ambiental frente a las actividades extractivas no autorizadas y pidió revisar las acciones de vigilancia, control y sanción que se están aplicando en las zonas denunciadas.
El representante manifestó además su preocupación frente a las propuestas que plantean enfrentar el problema exclusivamente mediante operaciones militares. Aunque reconoció la importancia de fortalecer la seguridad, sostuvo que la crisis ambiental requiere una estrategia más amplia que involucre a las instituciones responsables, los gobiernos locales y las comunidades directamente afectadas.
Por esta razón, García propuso convocar una audiencia pública en territorio, con participación del Gobierno Nacional, autoridades departamentales y municipales, organismos ambientales, Fuerza Pública, sectores productivos y representantes de las comunidades. El objetivo sería construir una hoja de ruta integral para combatir la minería ilegal y recuperar las zonas impactadas.
La solicitud abre un nuevo escenario de debate sobre la respuesta del Estado frente a la minería ilegal en el Tolima, particularmente en el sur del departamento. Mientras se define si la audiencia será convocada, el representante insistió en que la solución debe combinar control, protección ambiental, presencia institucional y alternativas para las comunidades, con el fin de frenar el avance de estas actividades y proteger el patrimonio natural del territorio.
