La falta de proyectos y la presunta inacción del enlace municipal ponen en riesgo la certificación del municipio en atención a víctimas.
La Oficina de Víctimas del municipio de Líbano enfrenta un alto riesgo de descertificación debido a la falta de gestión de nuevos proyectos en la actual administración. A pesar de la importancia de esta dependencia en la atención y reparación de la población afectada por el conflicto armado, no se han reportado avances significativos en materia de recursos ni programas de apoyo.
De acuerdo con denuncias de ciudadanos y medios locales, el enlace municipal, responsable de liderar las iniciativas para las víctimas, se encuentra más enfocado en redes sociales y en responder a críticas contra la Alcaldía, que en la formulación de proyectos que beneficien a la comunidad.
En contraste, en la administración anterior se lograron gestionar 24 proyectos que superaron los 1.000 millones de pesos en inversión para la atención de las víctimas. Sin embargo, en el actual gobierno municipal no se ha concretado ninguna iniciativa, lo que genera preocupación entre los beneficiarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El riesgo de descertificación implica que el municipio podría perder recursos destinados a programas de atención, lo que agravaría la situación de cientos de personas que dependen de estos apoyos para su subsistencia y reparación. “Las víctimas son revictimizadas por la falta de gestión y compromiso de quienes deberían garantizar su bienestar”, señaló un líder comunitario que prefirió no revelar su identidad.
Desde la administración municipal no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación. No obstante, el descontento de la comunidad ha ido en aumento, pues la falta de proyectos pone en evidencia el debilitamiento de una oficina clave para la garantía de derechos.
Ante este panorama, líderes sociales y representantes de víctimas exigen a la Alcaldía tomar medidas inmediatas para evitar que el municipio pierda su certificación en la materia. También instan a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a realizar seguimiento a la gestión de esta dependencia.
Si no se implementan acciones correctivas en los próximos meses, Líbano podría quedar fuera del sistema de certificación, afectando gravemente la protección y el acceso a recursos para la población víctima en la región.
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