Los resultados operativos del Festival Folclórico contrastan con recientes casos de sicariato y reabren la discusión sobre la necesidad de crear una Secretaría de Seguridad en la capital tolimense.
El balance del 52.º Festival Folclórico Colombiano dejó resultados positivos en materia de seguridad y operatividad para las autoridades de Ibagué. Sin embargo, los recientes hechos de sicariato registrados durante y después de las festividades han vuelto a poner sobre la mesa un debate que desde hace varios años inquieta a distintos sectores de la ciudad: la conveniencia de crear una Secretaría de Seguridad con autonomía administrativa para enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad.
Durante las festividades, la Administración Municipal y la Policía Metropolitana desplegaron un amplio dispositivo de vigilancia que cubrió 69 eventos culturales, religiosos y recreativos. Como resultado de los operativos fueron capturadas 92 personas, se incautaron 9.214 dosis de estupefacientes, cuatro armas de fuego y se recuperaron 11 motocicletas y tres vehículos, cifras que fueron presentadas como parte del balance oficial del Festival.
Las autoridades también reportaron una reducción en algunos delitos de alto impacto durante el desarrollo de las celebraciones. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, los casos de lesiones personales disminuyeron al pasar de 85 hechos registrados en las festividades de 2025 a 57 durante la presente edición. Asimismo, se evidenció una reducción en los hurtos a personas, residencias y establecimientos comerciales, reflejando el efecto de los operativos preventivos desplegados en diferentes sectores de la ciudad.
El secretario de Gobierno, Francisco Espín, destacó que el trabajo coordinado entre la Administración Municipal, la Policía Metropolitana y los organismos de seguridad permitió garantizar el normal desarrollo de los eventos multitudinarios que hicieron parte del Festival Folclórico Colombiano. Según el funcionario, la presencia permanente de uniformados y los controles realizados fueron determinantes para preservar el orden público durante las principales actividades culturales.
No obstante, el panorama cambió con los recientes homicidios ocurridos bajo la modalidad de sicariato en distintos sectores de Ibagué. Uno de los casos que mayor conmoción generó fue el asesinato de un joven de 22 años, estudiante universitario, caficultor y emprendedor, hecho que provocó rechazo ciudadano y reavivó las preocupaciones sobre el comportamiento de la criminalidad organizada en la capital tolimense.
Estos acontecimientos han llevado nuevamente a diversos sectores políticos, sociales y académicos a plantear la necesidad de fortalecer la estructura institucional encargada de la seguridad ciudadana. La principal propuesta consiste en crear una Secretaría de Seguridad independiente, con presupuesto propio y dedicación exclusiva para diseñar políticas públicas orientadas a combatir fenómenos como el sicariato, las estructuras criminales, la extorsión y otras modalidades delictivas que afectan la tranquilidad de los habitantes.
Actualmente, las funciones relacionadas con seguridad dependen de la Secretaría de Gobierno, despacho que además coordina asuntos de convivencia ciudadana, inspecciones de policía, espacio público y múltiples competencias administrativas. Para algunos analistas, esta amplia carga de responsabilidades limita la posibilidad de desarrollar estrategias especializadas frente a las nuevas dinámicas del delito. Otros sectores, por el contrario, consideran que crear una nueva dependencia podría aumentar la burocracia sin garantizar necesariamente mejores resultados en materia de seguridad.
Mientras las cifras oficiales del Festival muestran avances en varios indicadores de convivencia y reducción de algunos delitos, los recientes hechos de violencia mantienen abierto el debate sobre el modelo institucional que necesita Ibagué para enfrentar los desafíos de la criminalidad. La discusión sobre la creación de una Secretaría de Seguridad vuelve a cobrar fuerza como una alternativa que algunos consideran necesaria para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, aunque cualquier decisión dependerá de análisis técnicos, administrativos y presupuestales que permitan determinar su viabilidad y su impacto en la seguridad de la ciudad.
VIAJES Y DOMICILIOS ECONOMICOS
