Con 49 votos en contra y 47 a favor, el Senado sepultó la Consulta Popular que buscaba dignificar las condiciones laborales en Colombia. Denuncias de irregularidades, como el cambio ilegal de un voto tras el cierre, indignan a millones de trabajadores. Los senadores tolimenses Oscar y Miguel Barreto, protagonistas del rechazo.
En una sesión cargada de tensiones, el Senado de la República hundió la Consulta Popular promovida por el Gobierno para que la ciudadanía se pronunciara sobre el futuro de los derechos laborales. Con 49 votos en contra frente a 47 a favor, la iniciativa fue archivada en medio de denuncias de irregularidades, entre ellas, la modificación de un voto después del cierre oficial del conteo. Según diversos sectores políticos y sociales, esa alteración constituye una ilegalidad que pudo haber cambiado el rumbo de la decisión, ya que un empate habría obligado a repetir la votación.
La Consulta proponía que los colombianos respondieran en las urnas sobre asuntos fundamentales como la jornada laboral de ocho horas, el pago justo por trabajo nocturno y festivo, y la formalización de trabajadores de plataformas digitales. Era una propuesta de alcance popular, impulsada desde las bases sindicales y respaldada por sectores que ven en la democracia directa una herramienta legítima para defender sus derechos.
Sin embargo, partidos tradicionales como el Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático cerraron filas para impedir su avance. Entre los rostros visibles de esta oposición están los senadores tolimenses Oscar Barreto Quiroga y Miguel Ángel Barreto Castillo, quienes, pese a representar un departamento con fuertes necesidades laborales, votaron en contra de permitir que el pueblo se pronunciara o aunsente en el momento de la votación. Sus votos han sido duramente criticados por trabajadores y movimientos sociales del Tolima, quienes se sienten traicionados por quienes debían representarlos.
El Gobierno y sus aliados denunciaron “jugaditas” y dilaciones por parte de la mesa directiva del Senado. El propio presidente Gustavo Petro, desde el exterior, comparó lo ocurrido con el fraude electoral de 1970 y advirtió sobre las consecuencias de cerrar los canales de participación democrática. “No se hundió una propuesta del Gobierno, se hundió la voz del pueblo que exigía condiciones dignas para trabajar”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Organizaciones laborales han reaccionado con indignación. La CUT, Fecode y otras centrales sindicales anunciaron movilizaciones para rechazar lo que consideran una traición a la clase trabajadora. En varias ciudades ya se convocan marchas y plantones, mientras los líderes sindicales recalcan que la calle será ahora el escenario de lucha. “Nos vemos en las calles”, repiten como consigna.
Aunque la consulta fue archivada, el debate sobre la reforma laboral no ha muerto. El Senado ha anunciado que se podría retomar el proyecto por vía legislativa. Sin embargo, muchos desconfían de esa vía, recordando que los mismos partidos que bloquearon la consulta también han impedido avances sustanciales en reformas anteriores.
En el Tolima, la molestia es palpable. Gremios de maestros, trabajadores del agro, jóvenes y líderes comunitarios han cuestionado abiertamente a los senadores Barreto, a quienes acusan de actuar en beneficio de élites empresariales y no del pueblo que los eligió. Algunos colectivos ya hablan de iniciar campañas para exigirles cuentas y removerlos del escenario político en las próximas elecciones.
Los movimientos sociales insisten en que lo ocurrido no puede pasar desapercibido. Lo califican como un golpe a la democracia participativa, donde no solo se negó una consulta, sino que se manipuló el proceso con maniobras oscuras. La indignación nacional podría marcar un antes y un después en la forma como el pueblo se relaciona con el Congreso.
El hundimiento de la Consulta no es el fin de la lucha. Al contrario, ha encendido la llama de la movilización y la conciencia colectiva. Para muchos colombianos, lo que está en juego no es una reforma o un referendo, sino el derecho mismo a ser escuchados. Las calles, una vez más, se preparan para alzar la voz frente a un Congreso que, para millones, ha dejado de representar al pueblo.
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