Otros Senadores de la República días previas a la navidad en Colombia, votaron a favor de la conciliación del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, donde tiene de todo menos a prevenir ni a mejorar la seguridad urbana y por el contrario se vuelve un mecanismo represivo del estado, que en últimas contribuye a profundizar más las condiciones de conflictos sociales y violencia política, convirtiéndose en todo lo contrario a las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana Derechos Humanos en su visita en Colombia.
Este documento fue tramitado por el Gobierno Nacional, principalmente por el Ministro de Defensa, Diego Molano y funcionarios del Gobierno actual, quien enfrentó en su momento una moción de Censura por los hechos ocurridos en el marco del Paro Nacional registrados en el primer semestre del 2021 y donde murieron civiles a manos de agentes de estado como pasó con el joven ibaguereño Santiago Andrés Murillo Meneses quien murió producto de un disparo accionado por el Mayor Molano de la METIB, siendo este el primer caso judicial en Colombia que llevó al responsable ante un juez por el delito de homicidio y que sus acciones estuvieron por fuera de los decálogos para atender la protesta social, por ende no constituyó como actos del servicio.
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Ahora bien, de acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado hay una preocupación por la reciente aprobación del (266 de 2021 Senado y 393 de 2021 Cámara) por medio del cual se dicta las normas tendientes al fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones y las cuales criminaliza la protesta social.
Según la denunciada esto representa una amenaza para el derecho a la protesta social por legitimar el uso de la fuerza letal a manos de particulares, es decir, autodefensa y crear parámetros legales para que el estado tenga la licencia de perseguir y judicializar a quienes participen en manifestaciones sociales.
Otro punto que genera preocupación es que crea la disposición populistas y punitivas donde amplían las condenas máximas existentes en Colombia, pura creación de nuevos tipos penales de ampliación de penas y endurecimiento de las circunstancias en las que se dará la aplicación de la pena privativa de la Libertad, esto en caso de obstrucción a un operativo policial que requiere hacer uso de la fuerza, pues no vale el diálogo, gestores de convivencia, ni defensores de Derechos Humanos.
Asimismo gobernación al no endurecer las sanciones contra quienes son actores estatales responsables de graves violaciones de Derechos Humanos el contexto de la protesta social, pues ahí se pueden prestar para amedrantar y amenazar porque no hay ningún interés en perseguir a estos actores que se vea comprometidos ejerciendo violencia de estado contra la población civil.
Persigue y judicializa a quien use capucha o algún elemento que evite ser identificado, pues en la dinámica de cambiar derechos humanos por seguridad cometidos en el paro nacional del 2021, surgió un movimiento llamado la primera línea y atendiendo las lógicas de la violencia en contra de todos los individuos que reclamen derechos, se criminaliza aún más la protesta social que en últimas el estadio y el Gobierno de turno no brinda el derecho a la vida consagrado en la constitución.
Finalmente, en la Plenaria del Senado se aprobó el informe de conciliación de la iniciativa que tiene como fin la creación y el fortalecimiento de instrumentos jurídicos y recursos económicos con que deben contar las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana, con 60 votos a favor y 10 en contra. El Proyecto de Seguridad Ciudadana pasa a sanción Presidencial.
