En el corregimiento de Mesa de Pole se registran enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades durante un operativo contra la minería ilegal. Las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza mantienen el ambiente bajo un clima de tensión e incertidumbre.
Una fuerte confrontación se presenta en el corregimiento de Mesa de Pole, donde unidades de la Policía Nacional y del grupo UNDEMO (Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) adelantan un operativo contra la presunta minería ilegal. La intervención generó un altercado con miembros de la comunidad que se oponen al ingreso de la fuerza pública en la zona.
De acuerdo con los reportes iniciales, los enfrentamientos comenzaron cuando los uniformados intentaron acceder a un área donde presuntamente se realizaban actividades de extracción de oro sin los permisos correspondientes. En respuesta, varios habitantes bloquearon los caminos e increparon a las autoridades, desencadenando disturbios que mantienen el orden público comprometido.
En videos difundidos por pobladores se observan columnas de humo y aglomeraciones en torno al punto de intervención. Algunos testigos aseguran que hubo uso de gases lacrimógenos y disparos al aire, mientras los residentes denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre heridos ni detenidos.
La presencia del grupo UNDEMO en la zona hace parte de una estrategia nacional para combatir la minería ilegal en territorios rurales, una actividad que afecta gravemente las fuentes hídricas y los ecosistemas, además de alimentar economías ilícitas. Pese a ello, sectores de la comunidad insisten en que la intervención no ha contado con un diálogo previo ni alternativas económicas sostenibles.
El corregimiento de Mesa de Pole, perteneciente al sur del Tolima, es reconocido por la presencia de pequeños mineros que por años han dependido de la extracción artesanal como medio de sustento. Ante la falta de oportunidades, muchos aseguran que la persecución estatal agrava la situación social y económica de las familias.
Mientras tanto, las autoridades locales y departamentales monitorean el desarrollo de los hechos e instan a mantener la calma. Según trascendió, se espera la llegada de representantes de la Defensoría del Pueblo y la Personería para mediar entre los pobladores y las fuerzas del orden con el fin de evitar una escalada de violencia.
El operativo se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Nacional por frenar las actividades ilegales que impactan el medio ambiente y las finanzas públicas. No obstante, este tipo de intervenciones continúan generando polémica en zonas donde la minería artesanal es vista como una forma de supervivencia más que un delito.
Por ahora, Mesa de Pole permanece bajo un ambiente de alta tensión. La comunidad reclama presencia institucional permanente y programas que ofrezcan alternativas productivas, mientras las autoridades reiteran su compromiso con la protección ambiental y el cumplimiento de la ley.
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