Matiz anunció que este viernes se hará audiencia pública ante el Tribunal Administrativo para reclamar los pagos que las EPS adeudan a la red hospitalaria pública y privada, monto que supera los $1,2 billones y afecta la atención de más de un millón de afiliados.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que este viernes 19 de septiembre se realizará una audiencia pública en el Tribunal Administrativo del departamento para exigir que las EPS cancelen la deuda que suma $1,2 billones con la red hospitalaria pública y privada. La convocatoria incluye la participación conjunta de la red pública, la red privada y especialistas del sector salud, con el objetivo de evidenciar la crisis financiera que pone en riesgo la atención a los pacientes.
Según el gobierno departamental, más de $800.000 millones de la deuda corresponden a hospitales públicos, mientras que la red privada espera recibir más de $400.000 millones. Entre los centros más afectados está el Hospital Federico Lleras, que soporta pasivos de alrededor de $240.000 millones.
Matiz afirmó que “la salud de los tolimenses no puede esperar”; por eso la gobernación interpondrá una acción popular para que el Tribunal ordene el pago inmediato de la cartera adeudada y garantice los giros oportunos. Además, pidió que se decreten medidas cautelares para que no se suspendan los pagos mediante apelaciones.
La audiencia pública iniciará a las 8:00 a.m. y contará con la asistencia de representantes de hospitales, clínicas, entidades privadas de salud y especialistas. También se espera la participación del sector público local, pues solo con un trabajo conjunto se podrán visibilizar las consecuencias reales de la mora para servicios médicos esenciales.
La deuda histórica no solamente impide que se brinden servicios de calidad, sino que afecta la operatividad de los hospitales: los pagos retrasados generan déficit para recibir insumos, pagar nómina y mantener infraestructura crítica. En algunos casos, las instituciones público-privadas han tenido que aplazar procedimientos y diagnósticos por falta de liquidez.
Durante los meses anteriores, la gobernación ha realizado solicitudes formales a EPS y entidades de salud para que normalicen los pagos acumulados. Sin embargo, los recursos siguen pendientes, y la acumulación de pasivos pone en tensión la capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente en municipios alejados del centro urbano.
La intervención ante el Tribunal Administrativo busca que haya mandatos judiciales que aseguren los giros periódicos y eviten excusas legales para retrasos, como apelaciones o trámites burocráticos. Matiz podría solicitar que se declare medida cautelar para impedir más aplazamientos que perjudiquen pacientes.
Especialistas en salud consultados por medios locales coinciden en que este tipo de acciones legales podrían ser un punto de inflexión, siempre que el fallo judicial vaya acompañado de supervisión estricta y mecanismos de seguimiento; pues de lo contrario, los recursos podrían quedar en promesas incumplidas.
Para la gobernadora, defender la salud en este momento no es una frase: es una urgencia. “Porque la salud de los tolimenses está en juego”, subrayó Matiz, recordando que más de un millón trescientos mil afiliados al sistema sanitario del departamento dependen de servicios que pueden verse afectados por la falta de pagos.
El reto ahora es doble: lograr que el Tribunal falle a favor de la acción popular y que se dé cumplimiento efectivo a los pagos reclamados; y asegurar que, en adelante, el sistema de salud del Tolima reciba los recursos necesarios de manera puntual, para evitar más crisis financieras que repercutan en la vida diaria de los ciudadanos.
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