El Gobierno del Tolima reiteró que no se suspenderán los operativos contra la minería ilegal y anunció acciones sostenidas para proteger el ambiente y enfrentar las economías ilícitas que afectan la seguridad en el departamento.
El Gobierno del Tolima advirtió que los operativos contra la minería ilegal se mantendrán de manera permanente en todo el territorio departamental, como parte de una estrategia integral para frenar el deterioro ambiental y las economías ilícitas asociadas a esta actividad. La decisión fue reafirmada tras la reciente destrucción de maquinaria pesada en zona rural del municipio de Chaparral.
Desde el más reciente Consejo de Seguridad, las autoridades departamentales hicieron un llamado a la Fuerza Pública para no bajar la guardia y garantizar la continuidad de las acciones operativas en las zonas más afectadas por la explotación ilegal de recursos naturales, que ha generado impactos irreversibles en fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.
El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, señaló que la minería ilegal no solo representa un grave daño ambiental, sino que también distorsiona las economías locales y fortalece dinámicas criminales que afectan la estabilidad social en distintas regiones del Tolima.
En ese contexto, Bocanegra destacó el trabajo de la Policía Nacional, en especial de la Dirección de Carabineros, que ha liderado varios de los operativos en áreas rurales. Según el funcionario, la instrucción del Ejecutivo departamental es clara: las intervenciones deben ser constantes y sostenidas en el tiempo.
Durante el mismo Consejo de Seguridad, las autoridades también se refirieron a un hecho violento ocurrido en una finca del municipio de El Espinal, en el que resultó lesionada una menor de edad. El caso fue aclarado oficialmente y se descartó cualquier motivación política o relación con el contexto electoral.
El Gobierno departamental indicó que este hecho fue un evento aislado y no corresponde a un ataque dirigido contra aspirantes a cargos de elección popular, con el fin de evitar interpretaciones erróneas que generen alarma o desinformación entre la ciudadanía.
La atención institucional también se centró en el homicidio de tres integrantes de una misma familia en el municipio de Lérida, un caso que, según las investigaciones preliminares, estaría relacionado con redes de microtráfico que operan en la zona.
Frente a este panorama, el Gobierno del Tolima anunció el fortalecimiento de acciones preventivas y el diseño de una estrategia de extinción de dominio contra bienes utilizados para actividades ilícitas, con el objetivo de debilitar las finanzas del crimen organizado y reducir los niveles de violencia en el departamento.
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