Propietarios y conductores de busetas denunciaron presuntos incumplimientos en la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público y advirtieron que podrían acudir a jornadas de protesta para exigir el pago de los vehículos retirados de circulación.
La implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) volvió a generar controversia en Ibagué durante un debate de control político realizado en el Concejo Municipal, donde representantes del gremio transportador expresaron su inconformidad por los presuntos incumplimientos relacionados con la modernización del servicio. Los propietarios de busetas aseguraron que persisten retrasos en los compromisos adquiridos con quienes entregaron sus vehículos para avanzar en la transformación del sistema de movilidad urbana.
En el desarrollo del debate, Jeferson Cruz, propietario de vehículos de transporte público colectivo urbano y presidente de una veeduría que representa al gremio, afirmó que los dueños de las busetas han sido los principales afectados por el proceso. Según indicó, muchos propietarios aún no reciben el reconocimiento económico que les corresponde por la salida definitiva de sus automotores, situación que mantiene en incertidumbre a numerosas familias que dependían de esta actividad.
De acuerdo con las cifras presentadas por el dirigente, el parque automotor de transporte colectivo urbano pasó de 976 busetas a 842 vehículos en operación, mientras que 144 unidades fueron desintegradas como parte de la implementación del SETP. Sin embargo, sostuvo que quienes entregaron esos vehículos continúan esperando el pago acordado, pese a haber cumplido con los requisitos establecidos dentro del proceso de modernización del sistema.
El vocero del gremio también manifestó que los operadores encargados de desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público no habrían cumplido con varias de las obligaciones asumidas. Incluso aseguró que uno de los operadores afrontaría dificultades financieras, lo que, a su juicio, compromete la capacidad de responder económicamente a los propietarios que confiaron en el proyecto impulsado por las autoridades municipales.
Durante su intervención, Cruz hizo un llamado a la Administración Municipal para que adopte medidas que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El dirigente afirmó que los propietarios se sienten desprotegidos y solicitó a las autoridades ejercer mayor control sobre los operadores responsables de ejecutar el sistema, con el propósito de evitar mayores afectaciones al gremio transportador.
El representante de la veeduría explicó que durante los últimos meses los afectados han acudido a diferentes mecanismos legales para reclamar el pago de los vehículos retirados de circulación. Según señaló, se han presentado acciones judiciales, tutelas y solicitudes ante distintas instancias, pero aseguró que hasta el momento no han obtenido respuestas que permitan solucionar el conflicto que enfrenta el sector.
Ante la falta de avances, los propietarios advirtieron que evalúan realizar jornadas de protesta para exigir el cumplimiento de sus derechos. Cruz manifestó que, de no encontrarse una solución en el corto plazo, el gremio podría acudir a movilizaciones y otras acciones de presión con el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre la situación que atraviesan cientos de familias vinculadas al transporte público colectivo.
El debate de control político permitió conocer las preocupaciones de distintos actores relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte Público, quienes solicitaron respuestas claras frente al estado de la implementación del proyecto. Mientras tanto, los transportadores reiteraron su disposición al diálogo, aunque insistieron en que esperan soluciones concretas que permitan garantizar el pago de los vehículos retirados y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso de modernización del transporte en Ibagué.
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