La tutela se radicó el pasado primero de junio tras las decisiones y la postura que tomó dicha entidad propiciando el acuerdo de pago con las empresas de servicios públicos en vez de acobijarlos como dice la ley.
El encargado de interponer la tutela fue el señor Joaquín Torres quien plasmó en el documento a una supuesta intervención de la de la entidad en los medios de comunicación.
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Lo anterior argumentado después de que la superintendencia le mintió al país al decir que las empresas de servicios públicos podrían llegar acuerdos de pago aún sabiendo que no se midieron los contadores de acuerdo al consumo.
Además el abogado cito el artículo 14- de la ley 142 de 1994 donde se expresa que si la empresa no mide el consumo, no puede cobrar.
A pesar de las quejas recibidas y de las declaraciones que las empresas ofrecieron después, los ciudadanos aún están inconformes pues solo se les permitió llegar a acuerdos de pago.
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