La Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI) exigió respuestas a la Contraloría Municipal sobre presuntas irregularidades, sobrecostos y falta de vigilancia en el contrato del Parque Centenario, denunciando un preocupante silencio institucional frente a los hallazgos.
La Veeduría Agua Para Ibagué (VAPI) ha elevado una solicitud formal ante la Contraloría Municipal de Ibagué, exigiendo explicaciones claras sobre la falta de control fiscal en las obras del Parque Centenario. Según la organización, existe una creciente preocupación ciudadana por la aparente inactividad del organismo frente a las denuncias de presuntas fallas técnicas y posibles sobrecostos detectados en el proyecto. Esta petición marca un punto de inflexión en la vigilancia de los recursos públicos, dado que la comunidad reclama respuestas urgentes ante las irregularidades que han sido señaladas repetidamente en los últimos meses. La veeduría busca poner fin a la incertidumbre sobre el destino de los dineros invertidos en este emblemático espacio urbano de la ciudad.
El objeto de esta solicitud se centra en el contrato número 2166 del primero de julio de 2025, cuyo propósito fue la adecuación y mejoramiento del urbanismo en el Parque Centenario. De acuerdo con VAPI, la ejecución de esta obra ha estado rodeada de constantes cuestionamientos relacionados con la calidad de los materiales utilizados y la eficiencia en la ejecución de los trabajos. Las denuncias ciudadanas apuntan a una falta de planeación evidente, además de señalar posibles pagos realizados por actividades que, según reportes, fueron ejecutadas de manera deficiente o incompleta. Esta situación ha levantado sospechas sobre la correcta administración de los recursos destinados para este fin público y su seguimiento.
La organización sostiene que, pese a haber puesto estos hechos en conocimiento de varios organismos de control, no se han evidenciado actuaciones concretas por parte de la Contraloría Municipal. Hasta la fecha, los ciudadanos desconocen si se han llevado a cabo auditorías especiales, hallazgos de carácter fiscal o si se han abierto procesos de responsabilidad fiscal contra los contratistas o supervisores. Esta aparente omisión en el cumplimiento de las funciones de vigilancia genera una profunda desconfianza en la comunidad, que observa cómo las alertas tempranas sobre posibles detrimentos al patrimonio no reciben una respuesta efectiva por parte del ente encargado. La ciudadanía insiste en la necesidad de transparencia inmediata ante estas graves acusaciones.
El documento radicado ante la contralora Francy Johanna Ardila Salazar advierte que este silencio institucional es alarmante y exige una actuación inmediata para proteger el erario público. La veeduría señala que existe una preocupación generalizada, alimentada por rumores que circulan en diferentes espacios públicos y medios de comunicación sobre la cercanía entre altos funcionarios de la administración municipal y la Contraloría. Estas versiones sugieren que la relación podría estar influyendo en la falta de respuesta proporcional, oportuna y contundente frente a las denuncias de corrupción. Para VAPI, es imperativo que el control fiscal sea independiente y que actúe sin sesgos políticos ni favores personales en la ejecución.
En el derecho de petición, la veeduría formula una serie de interrogantes técnicos sobre el estado actual de la vigilancia fiscal al contrato de adecuación del parque. Se solicita información detallada sobre si la Contraloría ha practicado visitas técnicas o si ha recibido información de la Contraloría General de la República sobre este caso específico. Además, exigen conocer si existen hallazgos administrativos, disciplinarios o penales en curso, y si se ha iniciado formalmente un proceso de responsabilidad fiscal. La organización busca que el ente de control rinda cuentas sobre cada una de sus actuaciones u omisiones en relación con la vigilancia de este importante contrato de obra pública local.
Un punto crucial de la solicitud es el requerimiento de explicaciones detalladas en caso de que la Contraloría no haya realizado ninguna intervención hasta el momento. La veeduría argumenta que, si no existen procesos abiertos, la institución debe sustentar las razones legales y técnicas que justifican su inacción frente a las graves denuncias presentadas por la comunidad. Se demanda también conocer si actualmente existe alguna investigación de vigilancia fiscal vigente y, de ser así, cuál es el estado actual de dichos trámites. Esta exigencia busca presionar para que el organismo de control asuma su papel de garante de la moralidad y la legalidad en la gestión de recursos.
Es importante resaltar que las obras del Parque Centenario no solo enfrentan cuestionamientos por la calidad técnica y financiera, sino también por otros factores relacionados con la gestión del espacio. La comunidad ha manifestado inquietudes por las medidas de seguridad y vigilancia en el sector, así como por los procesos de cerramiento que han sido objeto de debate público. Estos elementos, sumados a las irregularidades contractuales, configuran un panorama de descontento social que requiere una intervención integral por parte de las autoridades. La veeduría subraya que todas estas situaciones están interconectadas y exigen una respuesta unificada de las autoridades para garantizar el bienestar de los habitantes.
Finalmente, la Veeduría Agua Para Ibagué reafirma su compromiso con la defensa de los recursos públicos y la transparencia en las obras ejecutadas por la administración municipal. La expectativa de la comunidad es que el organismo de control responda con rigor, dejando de lado cualquier percepción de cercanía política que pueda empañar su labor constitucional. El control ciudadano, a través de estas herramientas legales, se mantiene vigilante para asegurar que las irregularidades en el Parque Centenario no queden en la impunidad absoluta. Se espera que en los próximos días la Contraloría brinde un informe detallado que aclare el panorama y devuelva la tranquilidad a la ciudadanía ibaguereña.
