En entrevista exclusiva con LAOTRAVERDAD.CO, Johan Granados, abogado e integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Renzo García y del Comité Permanente de Derechos Humanos, cuestionó el procedimiento policial durante las manifestaciones en las que fueron detenidos Paula Tafur y otro ciudadano. Anunció la recopilación de pruebas y posibles acciones judiciales contra funcionarios que presuntamente hayan excedido sus atribuciones.
Las actuaciones de la fuerza pública durante las recientes manifestaciones en Ibagué continúan generando controversia, especialmente tras la detención de la comunicadora social Paula Tafur y otro ciudadano. En diálogo exclusivo con LAOTRAVERDAD.CO, el abogado Johan Granados cuestionó el procedimiento policial y aseguró que organizaciones de derechos humanos están recopilando material probatorio para esclarecer lo ocurrido durante la jornada de protesta.
Granados, quien hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara Renzo García y del Comité Permanente de Derechos Humanos, calificó como ilegal la intervención de los uniformados. Según explicó, la revisión de videos, testimonios y otros elementos habría llevado a la Fiscalía a no solicitar la legalización de las capturas ante un juez de control de garantías, afirmación que deberá contrastarse con información oficial del ente investigador.
Sobre el caso de Paula Tafur, el abogado sostuvo que existen registros audiovisuales que mostrarían el uso de la fuerza contra la comunicadora mientras realizaba labores periodísticas. De acuerdo con su versión, la joven habría sido sujetada por el cuello y arrastrada por varios uniformados, situación que, afirmó, le ocasionó lesiones. Estos señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades competentes a partir de las pruebas disponibles.
El jurista también cuestionó la actuación de las unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, al considerar que la manifestación transcurría de manera pacífica antes de la intervención policial. Según su relato, el procedimiento habría contribuido a generar los enfrentamientos y derivado en múltiples detenciones, algunas de las cuales, aseguró, fueron dejadas sin efecto rápidamente.
Frente a las razones que motivaron el operativo, Granados manifestó su preocupación por lo que considera una posible utilización de la fuerza pública para intimidar a sectores de oposición. Asimismo, cuestionó que las decisiones de las autoridades prioricen el cumplimiento de disposiciones administrativas sobre la protección de los derechos fundamentales. Sus declaraciones corresponden a la valoración del abogado y no constituyen, por sí solas, una conclusión judicial sobre la actuación de los funcionarios.
En relación con la libertad de prensa, el entrevistado rechazó los señalamientos difundidos en redes sociales contra Paula Tafur, entre ellos versiones que la vinculaban con objetos explosivos o con el uso de capucha. Granados aseguró que, según la información que ha revisado, no habría evidencia que respaldara esas afirmaciones e invitó a la ciudadanía a verificar los contenidos antes de compartirlos, para evitar la circulación de versiones no comprobadas.
El abogado consideró que la libertad de Tafur y del otro ciudadano constituye un hecho relevante para el debate sobre las garantías de la protesta social. No obstante, precisó que su equipo continuará recopilando información para determinar si existieron posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento. La situación jurídica de los involucrados y las eventuales responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las actuaciones de las autoridades competentes.
Granados anunció que el equipo del representante Renzo García, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Tolima y otras organizaciones sociales trabajan en la recepción de testimonios, fotografías, videos y documentos relacionados con presuntas agresiones. El propósito, explicó, es reunir elementos que permitan evaluar la presentación de denuncias y promover acciones judiciales cuando existan fundamentos probatorios sobre posibles excesos o abusos de autoridad.
Finalmente, el abogado invitó a las personas que afirman haber sido agredidas o afectadas durante las manifestaciones a entregar sus evidencias a través de las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Tolima, en Facebook e Instagram, o mediante sus canales personales. También puso a disposición el número telefónico 321 321 7682 para recibir información relacionada con los hechos denunciados.
