La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió reforzar de manera inmediata la presencia de la Fuerza Pública en las zonas rurales de Rovira, tras las denuncias sobre presuntas citaciones y exigencias extorsivas atribuidas a grupos disidentes de las FARC.
La situación de seguridad en las zonas rurales de Rovira encendió nuevamente las alarmas en el Tolima, luego de conocerse denuncias relacionadas con presuntas citaciones y exigencias extorsivas atribuidas a grupos de las disidencias de las FARC. Ante este panorama, la gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó una respuesta inmediata de las autoridades.
La mandataria departamental hizo un llamado a los habitantes del municipio para que no permitan que las organizaciones criminales utilicen a la población civil como instrumento para transmitir amenazas, órdenes o mensajes dirigidos a otros ciudadanos. Según Matiz, la comunidad debe mantenerse al margen de cualquier actuación que pueda favorecer a estos grupos ilegales.
Uno de los principales llamados estuvo dirigido a los campesinos que habitan las zonas rurales de Rovira, quienes podrían quedar expuestos a presiones de las estructuras armadas. La gobernadora insistió en que ninguna familia debe sentirse obligada a asistir a reuniones, cumplir órdenes o servir como intermediaria de organizaciones que buscan imponer control mediante intimidaciones.
Ante las denuncias, Matiz exigió a la Fuerza Pública reforzar inmediatamente su presencia en las áreas donde se han reportado estos hechos. La solicitud incluye mayores acciones de control territorial, labores de inteligencia y acompañamiento a las comunidades que puedan estar enfrentando presiones por parte de grupos armados ilegales.
La gobernadora también pidió a los habitantes de Rovira confiar en las instituciones y utilizar los canales oficiales para poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación que pueda representar un riesgo. La advertencia busca evitar que las amenazas permanezcan ocultas y permitir una reacción oportuna frente a posibles hechos de violencia.
De manera enfática, la mandataria reiteró la directriz de no pagar extorsiones y no atender citaciones realizadas por estructuras criminales. La administración departamental considera que acceder a este tipo de exigencias puede fortalecer económicamente a los grupos ilegales y aumentar su capacidad para ejercer presión sobre las comunidades.
El llamado se produce en medio de la preocupación por el avance de prácticas extorsivas en diferentes zonas rurales del departamento, donde comerciantes, productores y familias campesinas pueden convertirse en blanco de organizaciones que buscan obtener recursos y consolidar control territorial. Las autoridades deberán determinar el alcance de las denuncias y establecer las medidas correspondientes.
Con esta exigencia, la Gobernación del Tolima busca que la respuesta institucional no se limite a reaccionar después de los hechos, sino que se fortalezca la prevención y la inteligencia para anticiparse a las amenazas. Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje de la administración departamental es contundente: los ciudadanos no deben convertirse en instrumentos de los grupos armados y cualquier intento de extorsión o intimidación debe ser denunciado.
