Representantes de la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué denunciaron presuntos hechos de violencia política y dificultades para el ejercicio de la vigilancia electoral en el Tolima. Durante la Comisión Departamental de Garantías Electorales solicitaron medidas urgentes de protección para integrantes de su equipo y garantías para testigos electorales y abogados de escrutinio.
La campaña presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué presentó ante la Comisión Departamental de Garantías Electorales una serie de denuncias relacionadas con presuntos hechos de violencia política y dificultades para el ejercicio de la vigilancia electoral en el departamento del Tolima.
En diálogo con LAOTRAVERDAD.CO, Jonathan Varón, integrante de la campaña del Pacto Histórico en el Tolima, explicó que durante la sesión del comité fueron planteadas dos preocupaciones centrales: la necesidad de garantizar el trabajo de los testigos electorales y abogados de escrutinio, así como la atención inmediata a denuncias por amenazas y agresiones contra miembros de la organización política.
Según Varón, la campaña manifestó que algunos de sus representantes han enfrentado dificultades para desarrollar las labores de control y seguimiento electoral. De acuerdo con su versión, estas situaciones habrían afectado el normal ejercicio de las funciones que cumplen los testigos y abogados encargados de velar por la transparencia del proceso democrático.
Entre los casos expuestos ante las autoridades, el dirigente político señaló una presunta agresión contra Sebastián Amezquita, integrante de la campaña, quien habría sido atacado durante el fin de semana por una persona que, según la denuncia, estaría vinculada a otra campaña presidencial. El hecho es actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Asimismo, la campaña informó sobre una denuncia realizada por el diputado Jaime Tocora, quien aseguró haber sido víctima de amenazas con arma de fuego en un establecimiento público. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las instituciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer las medidas de protección necesarias.
Jonathan Varón indicó que la solicitud principal elevada ante la Comisión de Garantías Electorales busca que las autoridades adopten acciones urgentes para proteger la integridad de los integrantes de la campaña y garantizar que el proceso electoral pueda desarrollarse en condiciones de seguridad y respeto por la participación política.
De acuerdo con el vocero, durante la reunión las entidades presentes expresaron su disposición para garantizar el debido proceso y la participación de testigos electorales y abogados de escrutinio durante la jornada electoral. Igualmente, destacó el llamado realizado por la gobernadora del Tolima a las autoridades judiciales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
La campaña presidencial manifestó que espera una pronta intervención de organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de evaluar medidas de seguridad para las personas que aseguran estar en riesgo. Mientras tanto, las denuncias continúan siendo objeto de revisión por parte de las autoridades, en un contexto donde distintos sectores han reiterado la importancia de preservar las garantías democráticas y la seguridad de todos los actores políticos durante el proceso electoral.
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