Un juez de la República avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y tres exfuncionarios de la Alcaldía de Ibagué involucrados en hechos de corrupción relacionados con la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, en el marco de los Juegos Nacionales de 2015. Las sentencias condenatorias fueron emitidas sin posibilidad de beneficios judiciales.
Orlando Arciniegas Lagos, exasesor de la Alcaldía, y Leonardo Alexander Valero González, exasesor del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), aceptaron su responsabilidad en los delitos que derivaron en la manipulación de contratos públicos. Como resultado, fueron condenados a 42 y 34 meses de prisión, respectivamente.
Por su parte, el exalcalde Luis Hernando Rodríguez Ramírez también reconoció su culpabilidad en los delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Su preacuerdo fue aprobado, y la sentencia definitiva, que contempla una pena de 60 meses de prisión, será oficializada el próximo 24 de febrero de 2025. Rodríguez ofreció disculpas públicas por la malversación de recursos destinados al deporte.
La Fiscalía, a través de su Seccional Tolima, identificó en agosto de 2014 múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato para la remodelación del estadio, cuyo costo ascendió a 13.308 millones de pesos. El comité técnico, integrado por Arciniegas y Valero, implementó maniobras ilícitas para favorecer a un contratista específico.
Entre las irregularidades destacaron la elaboración de pliegos contractuales a medida, la corrección de errores en las propuestas presentadas, la validación de documentos falsos y la concesión de prórrogas sin planeación adecuada. Estas acciones violaron los principios de transparencia y equidad que rigen la contratación pública.
Además, las investigaciones revelaron que el 10% del valor total del contrato fue destinado a sobornos. De este porcentaje, el 6% fue entregado al exalcalde Rodríguez y el 4% a otros funcionarios involucrados en el proceso. Estas prácticas no solo perjudicaron los recursos públicos, sino que también afectaron la ejecución del proyecto deportivo.
Las prórrogas en la etapa de ejecución, que incluyeron trabajos de impermeabilización y pintura de graderías, se otorgaron sin cumplir los requisitos legales de planeación, lo que ocasionó demoras y deficiencias en la obra. Este caso se suma a una serie de hechos que han impactado negativamente la confianza en las instituciones locales.
Con estas condenas, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra la corrupción en la administración pública. La Fiscalía continuará su labor para garantizar justicia y salvaguardar los recursos destinados al desarrollo de la región.
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