De acuerdo con información de la defensoría del pueblo, la zona estaría haciendo presencia dos grupos al margen de la ley se disputan las rentas y legales, esto ha llevado a qué familias enteras se tenga que desplazar desde la zona rural hacia las cabeceras municipales.
Desde el sistema de alertas tempranas, SAT, identificamos alto riesgo desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida integridad de los líderes sociales. También encontrarás personas en proceso de reincorporación; un aumento de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, extorsiones y la utilización de armas no convencionales”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A su vez el funcionario expreso que ambas organizaciones ejercen presión contra la población civil haciéndole llegar panfletos indicándoles que deben acatar las órdenes, ” la mayoría los conflictos son de obligatorio cumplimiento por parte de la población y están encaminados a tener el control del territorio”.
De acuerdo, con organizaciones Derechos Humanos y que hacen presencia el territorio, la zona sur del departamento del Tolima es un punto estratégico para los grupos al margen de la ley quienes utilizan como eje principal de movilización El Cañón de las hermosas.
Según inteligencia militar, “la zona comunica al centro con el suroccidente del país, que ha permitido en los últimos meses el crecimiento de las estructuras, sin contar que esta es una zona privilegiada para las rutas del narcotráfico y las pueden favorecer en su expansión”.
De acuerdo a datos de Medicina legal, la disputa entre las dos organizaciones criminales ha generado un número de muertos importantes en los cuatro municipios del Sur del Tolima; en el año 2020 hubo 28 fallecidos, 41 decesos en el 2021 y 63 muertos en el 2022.
Finalmente, las acciones de guerra por parte de la organizaciones criminales afectan no solo a la población civil sino también a los firmantes de paz del acuerdo de La Habana, zorrillo que la defensoría del pueblo hace un llamado las entidades del Estado para garantizar la seguridad y evaluar el riesgo paraban para prevenir la vulneración derechos humanos en la población civil.