El gobierno de Donald Trump retiró la certificación a Colombia en materia antidrogas, señalando incumplimientos del liderazgo político, pero mantuvo recursos para la fuerza pública bajo una figura de alivio. Es la tercera vez en la historia que ocurre esta medida.
Colombia enfrenta un nuevo revés en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara la descertificación del país en la lucha contra las drogas. La decisión, que no se tomaba desde los años 1996 y 1997 durante el gobierno de Ernesto Samper, representa la tercera vez en la historia que Washington adopta esta medida. Sin embargo, esta vez la descertificación llega con excepciones, pues no se suspenderán recursos de cooperación ni apoyo a la fuerza pública.
En el memorando oficial, Trump señaló que “Colombia ha incumplido manifiestamente sus obligaciones en materia de control de drogas”, atribuyendo la situación al liderazgo político actual. Aunque reconoció la valentía de las instituciones de seguridad y de las autoridades municipales frente a los grupos criminales y terroristas, el mandatario estadounidense recalcó que el fracaso recae en las decisiones adoptadas por el gobierno colombiano.
El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia durante un consejo de ministros televisado, afirmando que la medida se produce a pesar de los sacrificios hechos por la fuerza pública y la sociedad civil. “Nos descertifican después de decenas de muertos, policías, soldados y civiles que han tratado de impedir que la cocaína llegue a Estados Unidos”, señaló, defendiendo que los esfuerzos de su administración tienen como objetivo frenar el consumo en el país norteamericano.
En contraste, cifras oficiales de la Policía Nacional indican que Colombia ha alcanzado récords históricos en incautaciones: 889 toneladas de cocaína en 2024 y 600 en el primer semestre de 2025, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos operativos, según el general Carlos Fernando Triana, han costado la vida de 107 miembros de la fuerza pública, 79 de ellos policías, lo que refleja el alto costo humano de la lucha antidrogas.
No obstante, informes internacionales como el de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advierten que los cultivos ilícitos siguen en aumento. En 2023 se registraron 252.572 hectáreas sembradas de coca, un 9,8% más que en 2022, con una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, lo que significó un aumento del 53% frente al año anterior. Estas cifras contrastan con el discurso oficial del Gobierno sobre un cambio de enfoque en la política antidrogas.
El expresidente Trump aclaró que reconsiderará la designación si el gobierno colombiano adopta medidas más agresivas para reducir cultivos ilícitos, mejorar la cooperación judicial y capturar a los líderes de organizaciones criminales. De no ser así, Colombia podría enfrentar mayores presiones internacionales y complicaciones en organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
La certificación es un mecanismo instaurado por Washington desde 1986 para evaluar anualmente a los países productores y distribuidores de drogas. Para Colombia, implica un respaldo financiero de alrededor de 380 millones de dólares al año, recursos que en esta ocasión no serán bloqueados gracias a la figura de alivio que concede Estados Unidos.
Con esta medida, se abren interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral en materia de seguridad, así como sobre la eficacia del nuevo enfoque impulsado por Petro, que suspendió la erradicación forzada de cultivos y busca alternativas distintas a las tradicionales. Lo cierto es que, por primera vez en tres décadas, Colombia vuelve a quedar en la lista de naciones descertificadas, lo que marca un momento crítico en la relación diplomática y en la lucha contra el narcotráfico.