En un consejo de seguridad extraordinario realizado en Tibú el pasado viernes, el presidente Gustavo Petro confirmó la decisión de declarar el estado de conmoción interior en Norte de Santander, en respuesta a la crisis humanitaria y de orden público que atraviesa el Catatumbo. La medida surge tras los violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, disidencia de las extintas FARC.
De acuerdo con la Constitución colombiana, esta figura excepcional, regulada en el artículo 213, permite al gobierno nacional adoptar medidas extraordinarias para controlar situaciones que no pueden ser manejadas con facultades ordinarias. En este caso, el decreto que oficializa la medida será firmado por todos los ministros del gabinete este sábado.
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La región del Catatumbo enfrenta una tragedia humanitaria sin precedentes. Según datos del consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, los enfrentamientos han dejado un saldo devastador: 39 personas asesinadas, incluidos un bebé de nueve meses; más de 280 desplazados; 120 personas secuestradas o confinadas; y siete desaparecidos.
El conflicto armado, que responde a disputas por el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, ha puesto a la población civil en el centro del fuego cruzado. “Han matado civiles, mujeres, niños, gente indefensa. Han querido sacar a las familias de sus casas y asesinarlas”, denunció en un audio alias “Andrey Avendaño”, líder del Frente 33.
Con la declaración del estado de conmoción interior, se prevé un aumento significativo de la presencia de la Fuerza Pública en la región, cuadruplicando el número de efectivos militares y policiales. Asimismo, el presidente Petro contará con facultades extraordinarias para destinar recursos a la recuperación del orden público y la protección de la población afectada.
En paralelo, el gobierno descartó la posibilidad de retomar los diálogos de paz con el ELN, argumentando que la situación en el Catatumbo constituye un problema de seguridad nacional. Esta postura contrasta con los avances en otras regiones, como el Cauca, donde se mantiene activa una mesa de negociaciones con grupos armados.
La Defensoría del Pueblo recordó que, pese a las alertas tempranas sobre el deterioro de la seguridad en el Catatumbo, la violencia ha escalado a niveles críticos. La declaratoria del estado de conmoción interior es vista como una medida extrema pero necesaria para garantizar la seguridad de los habitantes y enfrentar un conflicto que supera las capacidades locales.
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