Ante el incumplimiento de varios grupos armados al proceso de paz, el Gobierno Nacional modificó su estrategia de seguridad. El giro se traduce en operaciones militares más agresivas y una nueva narrativa oficial que identifica a estas estructuras como “carteles de narcotráfico”.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado un viraje significativo en su política de seguridad, dejando atrás la etapa inicial centrada en el diálogo con grupos armados ilegales. La nueva estrategia se enfoca en una ofensiva militar contra aquellas organizaciones que rechazaron la Paz Total.
Este cambio estratégico se hizo evidente con la llegada del general (r) Iván Velásquez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar ese cargo en 34 años. Su nombramiento marcó el inicio de una etapa de confrontación directa, con base en operaciones ofensivas e inteligencia militar.
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En lo corrido del año, los resultados en el campo de combate reflejan el giro. Los golpes militares a organizaciones armadas aumentaron en un 34%, y solo en la última semana se registraron 20 muertes en medio de enfrentamientos. El discurso oficial también cambió: ahora se habla de “carteles de narcotráfico” más que de actores políticos armados.
Según información de inteligencia, a diciembre de 2024 estos grupos mantenían presencia en cerca del 30% del territorio nacional. Esto representa un desafío crítico para el Gobierno, especialmente después de haber desmontado unidades claves de inteligencia y haber perdido respaldo técnico y logístico de aliados internacionales como Israel y Estados Unidos.
Para recuperar terreno, el Ministerio de Defensa ha propuesto una estrategia basada en acciones conjuntas entre Ejército, Policía y autoridades civiles. El objetivo es retomar el control institucional de los territorios, contener la violencia y desarticular las redes de financiamiento ilegal.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha advertido que la Paz Total enfrenta graves obstáculos, como la disputa territorial entre grupos armados y el aumento de asesinatos a líderes sociales. A pesar del enfoque militar, el llamado es a mantener también medidas estructurales de protección y promoción de la paz.
Este giro en la estrategia deja ver una realidad compleja: la seguridad en Colombia no puede depender exclusivamente del diálogo ni de la acción armada. El reto para el gobierno es combinar ambas herramientas de forma equilibrada y efectiva, en los 16 meses que restan del mandato de Petro.
El viraje del gobierno también implica aceptar que algunos de los actores ilegales no tienen voluntad de paz. Ante ello, el nuevo enfoque se presenta como una respuesta pragmática para contener su expansión y garantizar los derechos de las comunidades más afectadas.
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