El concejal aseguró que una auditoría de la Contraloría identificó nuevos hallazgos fiscales en contratos del proyecto y cuestionó el funcionamiento del tanque de Miramar. Anunció que buscará activar el Estatuto de la Oposición para citar al IBAL y conocer las medidas correctivas.
El concejal de Ibagué Andrés Zambrano en diálogo exclusivo con LAOTRAVERDAD.CO, volvió a poner bajo cuestionamiento el Acueducto Complementario de la ciudad, tras revelar nuevos resultados de auditorías que, según indicó, identificaron presuntos hallazgos fiscales por más de $11.000 millones. El cabildante, quien ha adelantado labores de veeduría junto con el senador Duvalier Sánchez Arango, sostuvo que las revisiones buscan establecer si los recursos públicos destinados a esta infraestructura fueron ejecutados correctamente y por qué el proyecto todavía no resolvería plenamente las dificultades de abastecimiento de agua en algunos sectores de la capital tolimense.
De acuerdo con Zambrano, desde 2024 solicitaron a la Contraloría revisar los contratos relacionados con el proyecto, luego de que una primera auditoría, sobre una contratación cercana a los $35.000 millones, reportara presuntas irregularidades que representarían más de $8.000 millones. Posteriormente, explicó, pidieron a la Contraloría General de la República ampliar la revisión a otros contratos del Acueducto Complementario, con el propósito de determinar si existían nuevos hallazgos y establecer posibles responsabilidades en el manejo de los recursos.
El concejal afirmó que la segunda revisión comprendió contratos por un valor aproximado de $165.000 millones y, según su exposición, identificó un nuevo hallazgo de presunto detrimento patrimonial cercano a los $11.000 millones. Zambrano señaló que estos resultados requieren la intervención de los organismos de control para esclarecer qué ocurrió durante la ejecución de las obras, verificar las posibles irregularidades y determinar si hay responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. Los hallazgos mencionados no constituyen por sí solos una declaración definitiva de responsabilidad.
Uno de los puntos que el cabildante puso de presente es el estado del tanque de Miramar, infraestructura ubicada en el sector sur de Ibagué. Según su denuncia, este componente no estaría operando de manera efectiva para conducir el agua hacia el tanque de la zona industrial, situación que, a su juicio, cuestiona la funcionalidad integral de las obras. Zambrano sostuvo que, si la infraestructura no está cumpliendo su propósito, es necesario explicar las condiciones en las que fue recibida y puesta en servicio, así como las medidas previstas para corregir las deficiencias.
El concejal también cuestionó que el tanque de Miramar hubiera sido inaugurado el 15 de octubre de 2024, pese a que, según su versión, todavía no tendría todas las condiciones para operar plenamente. Aseguró que, de acuerdo con la información que conoce, el IBAL habría señalado que el tanque fue llenado durante pruebas, pero que actualmente no estaría funcionando como se requiere. Además, indicó que un plan de mejoramiento mencionado por la empresa contemplaría revisar su puesta en funcionamiento durante 2027, aspecto sobre el cual pidió explicaciones a la administración.
En sus declaraciones, Zambrano señaló que las eventuales responsabilidades deben establecerse a partir de la revisión de los contratistas, los supervisores de los contratos y quienes estuvieron al frente de la gerencia del IBAL durante las etapas correspondientes. En ese contexto, mencionó a Érika Palma, quien ocupó la gerencia de la empresa, y criticó sus declaraciones anteriores sobre los resultados de la auditoría. No obstante, la determinación de responsabilidades deberá corresponder a las autoridades competentes, a partir de las pruebas y los procedimientos respectivos.
Frente a las acciones que podrían seguir en el Concejo Municipal, el cabildante anunció que buscará activar el Estatuto de la Oposición en noviembre para convocar al IBAL y conocer el plan de mejoramiento relacionado con las observaciones de la Contraloría. Zambrano aseguró que durante el periodo de sesiones ordinarias han citado alrededor de diez debates de control político y radicado cerca de diez proyectos de acuerdo desde su curul. La nueva convocatoria, explicó, permitiría solicitar información sobre las medidas correctivas y el avance de las respuestas institucionales frente a los hallazgos.
La controversia vuelve a poner en el centro del debate la ejecución del Acueducto Complementario, una obra considerada estratégica para mejorar el suministro de agua en Ibagué. Mientras Zambrano insiste en que se deben aclarar los presuntos hallazgos por más de $11.000 millones y el funcionamiento del tanque de Miramar, será clave conocer las explicaciones técnicas del IBAL y los resultados de las actuaciones de los organismos de control. El objetivo, en medio de las denuncias, es establecer si hubo irregularidades, quiénes serían responsables en caso de comprobarse y qué soluciones permitirán garantizar el servicio a las comunidades.
