El concejal del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, Juan M. Sáenz, ha lanzado una denuncia alarmante que ha sacudido a la comunidad local. Se trata de un proyecto de construcción de unidades sanitarias para viviendas en áreas rurales, financiado con recursos de regalías, que ha resultado en un desastroso fracaso. A pesar de una inversión escandalosa de 21 mil millones de pesos, los baños siguen en obra negra después de más de dos años de iniciada la obra.
El proyecto, impulsado por la administración anterior dirigida por Miller Aldana, tenía como objetivo mejorar las condiciones de saneamiento en las viviendas ubicadas principalmente en zonas rurales, donde el acceso a servicios básicos es limitado. Sin embargo, la realidad es desalentadora: los baños están incompletos, algunos ni siquiera tienen el inodoro ni el lavamanos instalados.
El concejal Juan M. Sáenz ha expresado su preocupación y descontento a través de sus redes sociales, calificando los baños como “los más caros del mundo” debido a su falta de terminación después de tanto tiempo y dinero invertido. Además, ha destacado las quejas de los beneficiarios del proyecto, quienes están insatisfechos tanto por la demora en la construcción como por la calidad de la obra.
Ante esta situación, el concejal ha anunciado que solicitará la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para investigar si ha habido un detrimento patrimonial u otros delitos relacionados con la demora y la calidad de la construcción. Su objetivo es garantizar que los recursos de regalías se utilicen adecuadamente y realmente beneficien a la comunidad campesina de Ataco.
La falta de información detallada por parte del municipio ha generado aún más incertidumbre y preocupación entre los habitantes locales. El concejal lamenta no tener acceso a los contratos de interventoría y no contar con los conocimientos técnicos necesarios para evaluar adecuadamente el progreso y la calidad de la obra.
La demora en la construcción de estas unidades sanitarias no solo representa un desperdicio de recursos públicos, sino también un obstáculo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Ataco. La intervención urgente de los organismos de control del Estado es crucial para esclarecer esta situación y asegurar que se tomen las medidas necesarias para corregir este lamentable episodio de gestión pública.