El excandidato a la Gobernación del Tolima, Marco Prieto, respondió con firmeza a Vicky Dávila y al diputado Felipe Ferro, quienes acusaron al Gobierno de querer apropiarse de los hijos de los colombianos. Aclaró que el Estado no reemplaza la patria potestad, sino que actúa cuando se vulneran los derechos fundamentales de la niñez.
El debate sobre la patria potestad y la vacunación infantil en Colombia tomó un nuevo rumbo este fin de semana, luego de que Marco Prieto, exprecandidato a la Gobernación del Tolima, respondiera con contundencia a las críticas lanzadas por la periodista Vicky Dávila y el diputado Felipe Ferro. “¿Les molesta que el Estado actúe?”, cuestionó en una publicación en redes sociales.
Prieto señaló que lo que realmente incomoda a ciertos sectores de derecha es que ya no pueden esconder el abuso tras la figura de la patria potestad. “Vamos a desmontar la narrativa mentirosa que han intentado posicionar: que el gobierno de Gustavo Petro ‘quiere adueñarse de los hijos de los colombianos’. Afirmación falsa, irresponsable y peligrosa”, escribió.
La polémica se originó tras unas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que señaló que los padres no pueden negarse a vacunar a sus hijos, y que, de hacerlo, intervendría el ICBF. Estas afirmaciones fueron distorsionadas por algunos medios, generando una ola de desinformación.
Pero, como lo recordó Prieto, el artículo 44 de la Constitución Política es claro: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La protección a la vida, la salud, la educación y la integridad de los menores es un mandato para el Estado, la familia y la sociedad, y no puede ser ignorado por caprichos ideológicos o politiqueros.
En su mensaje, Prieto también citó el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que obliga al Estado a intervenir en casos de amenaza, vulneración o inobservancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Incluso contempla medidas como el retiro del entorno familiar en casos graves.
“Los niños no son propiedad privada. Son sujetos de derechos”, sentenció Prieto. Y agregó que el Estado tiene la obligación de protegerlos cuando los adultos, incluso padres o figuras públicas, fallan en ese deber. “No es dictadura. Es cumplir la Constitución”, reitero.
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Prieto no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el silencio de estos mismos sectores cuando durante años el ICBF fue saqueado, cuando se ignoraron violaciones a menores indígenas, o cuando el exministro Diego Molano bombardeó un campamento donde había niños. “¿Dónde estaban?”, preguntó.
Para el exprecandidato, el verdadero malestar de la derecha radica en el cambio de enfoque: un Estado que antes callaba ante el abuso, ahora actúa. “Eso les incomoda. Ya no pueden usar al Estado para protegerse. Hoy les toca rendir cuentas”, concluyó.
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