Adriana Matiz rechazó la supuesta permisividad del Gobierno frente a las disidencias de las FARC, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en Icarco, entre Rioblanco y Chaparral. Tropas del Ejército trabajan en su desactivación.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, lanzó una dura crítica al Gobierno Nacional este lunes, al denunciar lo que considera una “incoherencia” en la política de seguridad frente a los grupos armados ilegales. Su pronunciamiento se dio tras un nuevo episodio de violencia en el sur del departamento.
A través de su cuenta oficial en X, la mandataria reaccionó al hallazgo de un cilindro bomba en el sector de Icarco, zona rural entre los municipios de Rioblanco y Chaparral, presuntamente instalado por disidencias de las FARC. Según Matiz, tropas del Ejército ya se encuentran en la zona realizando labores de desactivación del explosivo.
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“Se prohíbe actuar con contundencia y valentía a nuestras Fuerzas Armadas contra disidencias de las FARC, por decreto. Se idealiza sobre paz y se romantiza la crueldad de los violentos contra los colombianos”, expresó en su publicación, en un claro cuestionamiento al enfoque actual de “paz total”.
Para la gobernadora, las restricciones impuestas al accionar militar en zonas con presencia de grupos ilegales no solo son injustificadas, sino peligrosas. Considera que estas decisiones ponen en riesgo a las comunidades y a los propios integrantes de la Fuerza Pública.
Matiz fue tajante al señalar que, mientras el discurso oficial insiste en la construcción de paz, los violentos continúan utilizando tácticas de guerra y terrorismo. “Con incoherencia no se construye paz, se destruye la nación”, advirtió.
El hallazgo del artefacto explosivo generó alerta en la región, históricamente afectada por el conflicto armado. La rápida intervención del Ejército evitó una posible tragedia, lo que refuerza la necesidad de mantener una presencia militar activa y efectiva, según las autoridades locales.
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Este nuevo incidente reabre el debate nacional sobre la viabilidad y los límites de la política de paz del Gobierno, especialmente en territorios donde persisten las amenazas de grupos armados que se niegan a cesar sus acciones violentas.
Organizaciones sociales del Tolima han reiterado su llamado a un enfoque de seguridad que no desarme la institucionalidad frente a la violencia, y han respaldado el pronunciamiento de Matiz como una voz legítima de las regiones que enfrentan el conflicto en primera línea.
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