Un informe técnico de Cortolima reveló que la minería ilegal ya ha afectado 491 hectáreas en el sur del Tolima, generando graves impactos sobre ríos, bosques y ecosistemas estratégicos. La autoridad ambiental advirtió que la actividad ilícita continúa expandiéndose hacia otros municipios y reforzó las acciones de control junto con la Fuerza Pública.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) encendió las alarmas por el avance de la minería ilegal en el departamento, tras revelar que la actividad extractiva ilícita ya ha degradado 491 hectáreas en el sur del territorio, una cifra que evidencia el acelerado deterioro ambiental registrado durante los últimos meses.
El más reciente estudio técnico de la autoridad ambiental estableció que 259 hectáreas adicionales fueron afectadas por actividades mineras ilegales, las cuales se suman a las 232 hectáreas identificadas en febrero de este año. El análisis fue desarrollado mediante sobrevuelos, visitas de campo, imágenes satelitales, estudios hídricos y un seguimiento multitemporal que permitió dimensionar la magnitud del problema.
De acuerdo con el informe, los cauces de los ríos concentran las mayores afectaciones ambientales. En total, 137 hectáreas presentan pérdida de cobertura vegetal como consecuencia del uso de maquinaria pesada, alterando significativamente el equilibrio de ecosistemas fundamentales para el abastecimiento de agua y la biodiversidad del sur del Tolima.
Los técnicos de Cortolima identificaron daños sobre 18 tipos de cobertura natural y productiva, entre ellas bosques riparios, pastos arbolados y cultivos. Las afectaciones más críticas se localizaron en los ríos Amoyá, Saldaña y Atá, así como en las quebradas Tuluni, Apa, Guanábano y Pole, donde la extracción ilegal ha transformado de manera significativa el paisaje.
La autoridad ambiental advirtió que las consecuencias de estas actividades van más allá de la pérdida de vegetación. Entre los impactos más graves se encuentran la modificación de los cauces naturales, el incremento de la turbidez del agua, la destrucción del lecho de los ríos, el riesgo de contaminación por combustibles y aceites, además de afectaciones sobre la ictiofauna y especies endémicas que habitan estos ecosistemas.
Como respuesta a esta problemática, Cortolima fortaleció el trabajo articulado con la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante los últimos doce meses, las autoridades participaron en 17 operativos de control, acciones que permitieron intervenir explotaciones ilegales e inutilizar maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales.
En el ámbito administrativo, la corporación también avanza en procesos sancionatorios contra quienes han vulnerado la normatividad ambiental. Actualmente se adelantan 88 investigaciones en el sur y suroriente del Tolima, concentradas principalmente en los municipios de Ataco, con 39 procesos, y Chaparral, con 35, por presuntas infracciones relacionadas con la intervención de zonas protegidas, captación ilegal de agua y disposición inadecuada de estériles.
Finalmente, Cortolima alertó que la minería ilegal ya no se limita al sur del departamento y comenzó a extenderse hacia municipios como Santa Isabel, Casabianca y San Sebastián de Mariquita, donde ya se desarrollan labores de vigilancia y fiscalización. La corporación reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de control para proteger el patrimonio ambiental del Tolima y frenar el avance de una actividad que amenaza los recursos hídricos, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
