La Procuraduría General abrió proceso disciplinario contra la patrullera Erika Judith Pérez por agredir a un joven durante un procedimiento en el humedal Juan Amarillo. El caso también es investigado por la Fiscalía Penal Militar.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Erika Judith Pérez Romero, patrullera de la Policía Nacional, por su presunta participación en un caso de abuso de autoridad y agresión física contra un ciudadano en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.
Los hechos ocurrieron en enero de este año, cuando Juan Sebastián Nova, un joven transeúnte, grababa un procedimiento policial con su celular en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo. Según el video que él mismo difundió en redes sociales, la patrullera lo increpó violentamente y lo golpeó en el rostro con un objeto de dotación.
En el video se escucha a la uniformada decir: “Mire hacia allá” mientras lanza el golpe, seguido de una orden agresiva para que dejara de grabar. “A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, vaya y tómeselas con su madre”, se oye decir, antes de exigir el documento de identidad del joven.
La Procuraduría señaló que investigará si la funcionaria desconoció los límites legales de su cargo, transgrediendo principios fundamentales como la legalidad, la proporcionalidad y la necesidad, todos esenciales para el ejercicio legítimo de la autoridad policial.
Por la gravedad de los hechos, la conducta de la patrullera fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, con intención directa de causar el daño. La investigación disciplinaria está en manos de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción.
Además del proceso disciplinario, la Fiscalía Penal Militar y Policial también abrió una indagación paralela por presuntas lesiones personales, con el objetivo de determinar si hubo responsabilidad penal en la actuación de la agente.
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Organismos de control han recordado la importancia del respeto a los derechos humanos y el uso racional de la fuerza por parte de la Policía, especialmente en contextos donde los ciudadanos ejercen su derecho a registrar procedimientos públicos.
El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen sanciones ejemplares y mayor control institucional para prevenir este tipo de excesos que afectan la imagen de la fuerza pública y vulneran la confianza ciudadana.
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