Investigación revela que alias Terror, del Clan del Golfo, era uno de los beneficiados con credenciales falsas para evadir controles de las autoridades.
Las autoridades han desmantelado una red de empresas de seguridad privada que certificaba de manera irregular a miembros de grupos armados como escoltas, permitiéndoles operar con armas de fuego bajo amparo legal. Entre los beneficiados se encontraba Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, líder del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, abatido el pasado 22 de febrero en un operativo policial.
Según la Policía Nacional, al menos tres empresas de seguridad en Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio estaban involucradas en este esquema criminal. Estas compañías no solo falsificaban certificaciones para integrantes de estructuras ilegales, sino que también alquilaban armas con salvoconductos expedidos legalmente, lo que les permitía evadir controles policiales y operar con total impunidad.
Las investigaciones señalan que las empresas Pretorian Security Ltda., Securbel Ltda. y Seguridad Sara Ltda. eran el eje de esta red ilegal. Un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía llevó al allanamiento de sus instalaciones, donde se recopilaron pruebas de su vinculación con grupos armados ilegales y la facilitación de armas para sus actividades delictivas.
Durante el operativo, fueron capturados tres presuntos responsables de liderar este entramado criminal: Pedro Alexander Ruiz Pulido (coronel en retiro de la Policía), José Omar Urrego Chitiva (capitán en retiro) y Jorge Osvaldo Castaño Galindo (civil implicado). Se les señala de encabezar la operación que brindaba cobertura legal a delincuentes y facilitaba su movilidad con armas protegidas por documentos oficiales.
Los investigadores han identificado que el Clan del Golfo era uno de los principales beneficiarios de este esquema, además de otros grupos como Los Rastrojos, Los Rolos y La Costru. Además de alias Terror, otros criminales de alto perfil como Edgar Elicio Munévar Castillo (alias El Caballista) y Jhon Freddy Gallo (alias Pájaro) habrían utilizado los servicios de estas empresas.
El modus operandi de la red consistía en vincular a los integrantes de organizaciones criminales como escoltas y coordinadores de seguridad. A cambio, estos delincuentes pagaban matrículas de entre 10 y 40 millones de pesos para obtener certificaciones falsas y una cuota mensual de 3 a 10 millones de pesos para acceder a armas con documentación legal, logotipos empresariales y carnés de seguridad privada.
Gracias a este sistema, los falsos escoltas podían transportar armas sin restricciones y evitar su incautación en operativos policiales. Según la Policía, en los allanamientos se encontraron más de 100 armas de fuego, que ahora serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en crímenes recientes.
Las autoridades también descubrieron que al menos 60 de los escoltas certificados ilegalmente tenían antecedentes penales, y algunos de ellos fueron miembros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Esto confirma que la red permitía que exparamilitares, narcotraficantes y sicarios operaran con cobertura legal, engañando a las autoridades con documentos aparentemente legítimos.
Como parte de las medidas contra esta organización criminal, la Fiscalía inició procesos de extinción de dominio sobre ocho propiedades vinculadas a los capturados. Los implicados enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras avanza la investigación sobre otros posibles colaboradores en el sector de la seguridad privada.
Este escándalo evidencia la vulnerabilidad del sistema de certificación de seguridad privada en Colombia, lo que ha permitido que grupos criminales se infiltren en el sector y utilicen su estructura para operar con impunidad. Las autoridades han anunciado nuevas auditorías a empresas del ramo, con el fin de evitar que situaciones similares se sigan presentando.
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