El representante a la Cámara por el Tolima del Pacto Histórico cuestionó las medidas del Gobierno de Abelardo De la Espriella sobre consulta previa, regulación de las manifestaciones y un eventual estatuto antiterrorista. En diálogo exclusivo con LAOTRAVERDAD.CO, advirtió que estas iniciativas podrían restringir derechos fundamentales y debilitar los controles democráticos.
El debate sobre las garantías para la protesta social y el alcance de las medidas de seguridad del Gobierno nacional llegó al escenario político del Tolima. En entrevista exclusiva con LAOTRAVERDAD.CO, el representante a la Cámara Renzo Alexander García, del Pacto Histórico, expresó su preocupación por las decisiones y propuestas de la administración del presidente Abelardo De la Espriella, al considerar que podrían afectar la participación ciudadana y el ejercicio de la oposición política.
Uno de los principales cuestionamientos del congresista está relacionado con la consulta previa, libre e informada, un derecho de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom. García sostuvo que vincular este mecanismo a los trámites de licencias ambientales para proyectos mineros, petroleros o agroindustriales podría debilitar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios y formas de vida.
El representante advirtió que cualquier modificación de estos procedimientos debe respetar las garantías constitucionales y los derechos de las comunidades étnicas. A su juicio, la consulta previa no puede convertirse en un trámite secundario frente a los intereses empresariales, pues constituye un mecanismo de participación y protección colectiva que debe contar con condiciones efectivas para que las comunidades expresen sus posiciones.
García también cuestionó el decreto presidencial que regula las manifestaciones sociales y aseguró que, desde su perspectiva, las medidas adoptadas no estarían garantizando suficientemente el diálogo ni la concertación. Como ejemplo, mencionó las protestas de estudiantes frente a la embajada de Israel en Bogotá, durante las cuales, según su interpretación, se presentaron episodios de represión y violencia estatal. Sus afirmaciones plantean un debate sobre los límites de la intervención de las autoridades y la protección del derecho a la protesta pacífica.
Otro de los puntos que genera preocupación en el congresista es la propuesta de un estatuto antiterrorista. García reconoció que la sociedad debe rechazar el terrorismo y la violencia, pero advirtió que las herramientas legales para combatir estos fenómenos no deberían utilizarse para restringir la oposición ni criminalizar expresiones legítimas de inconformidad. Por ello, pidió examinar cuidadosamente el alcance de la iniciativa y las definiciones que podrían determinar cuándo una conducta se considera una amenaza para la seguridad.
El representante señaló especialmente su inquietud frente a la posibilidad de que expresiones como miedo, pánico, incertidumbre o zozobra se utilicen para etiquetar como terroristas a personas o colectivos. Según sostuvo, una formulación demasiado amplia podría generar riesgos para organizaciones sociales, estudiantes, líderes comunitarios y sectores políticos críticos del Gobierno. El alcance real de estas preocupaciones dependerá del contenido definitivo del proyecto y de las garantías que establezca su trámite legislativo.
Durante la entrevista, García también se refirió a los más de cien decretos presidenciales que, según la cifra mencionada en la conversación, habría expedido el Gobierno. El congresista cuestionó que se adopten decisiones por vía ejecutiva sin suficiente deliberación legislativa y afirmó que el Congreso debe conservar su papel de control político y discusión democrática. No obstante, la expedición de decretos no implica por sí misma una vulneración del Estado de derecho, pues su alcance depende de la competencia utilizada, su fundamento jurídico y el cumplimiento de los procedimientos constitucionales.
En su balance, el representante del Pacto Histórico advirtió que la concentración de decisiones en el Ejecutivo y las restricciones que atribuye a las medidas sobre protesta, consulta previa y seguridad podrían conducir a un deterioro de las garantías democráticas. García utilizó expresiones como “régimen totalitario, fascista y dictatorial” para describir el rumbo que, a su juicio, podría tomar el país si se debilitan los contrapesos institucionales. Se trata de una valoración política del congresista, cuyo debate exige examinar las normas, sus efectos y los mecanismos de control correspondientes.
La controversia deja abiertas preguntas sobre el equilibrio entre seguridad, orden público, participación ciudadana y libertades fundamentales. Mientras el Gobierno defiende sus decisiones bajo sus propios argumentos, las críticas de García reflejan la preocupación de sectores de oposición por el alcance de las medidas. El desarrollo de las iniciativas y su revisión por las instancias competentes serán determinantes para establecer si se ajustan al marco constitucional y qué efectos podrían tener sobre los derechos de los colombianos.
