El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deberá cumplir con una sanción de arresto durante tres días y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes, luego de ser hallado en desacato por un juez de Bogotá. La sentencia surge del incumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia, que exigía al Ministerio acompañar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el proceso de retiro de productos con clorpirifós del mercado.
Según el fallo, aunque el proceso data de 2022, cuando Jaramillo aún no era titular de la cartera de Salud, sobre él recae la responsabilidad debido a su rol como actual jefe del ministerio. “No se acreditó que hubiese realizado un acompañamiento efectivo y continuo para impulsar al ICA a garantizar el cumplimiento integral de las órdenes de la sentencia”, precisa la resolución.
La sanción judicial no solo impacta al ministro, sino que también pone en evidencia las falencias en la articulación entre las entidades del Estado. El ICA salió bien librado del proceso, mientras que el Ministerio fue señalado por su falta de diligencia en garantizar el cumplimiento del retiro de estos pesticidas, ampliamente cuestionados por sus riesgos ambientales y de salud pública.
Este fallo llega en un momento complejo para el ministro Jaramillo, quien es considerado una ficha clave del Pacto Histórico para disputar la gobernación del Tolima en las próximas elecciones regionales. La candidatura, que tiene como propósito debilitar la influencia del conservatismo representado por el senador Óscar Barreto, podría verse afectada por las implicaciones judiciales y políticas de esta decisión.
Luis Domingo Maldonado, quien presentó el incidente de desacato, expresó que más allá de la sanción al ministro, lo fundamental es garantizar el cumplimiento de la sentencia. “Lo que realmente se necesita es que el Ministerio de Salud y Protección Social atienda las órdenes emitidas sobre la prohibición de uso de la molécula clorpirifós”, aseguró.
Como parte de las acciones judiciales, el juez decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar si Jaramillo incurrió en algún delito relacionado con el incumplimiento. De comprobarse alguna irregularidad, el panorama legal del ministro podría complicarse aún más.
En el ámbito político, esta situación podría ser aprovechada por sectores de la oposición en el Tolima para cuestionar la idoneidad de Jaramillo como candidato y, a su vez, debilitar las estrategias del gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca consolidar poder territorial con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
El ministro, por ahora, no se ha pronunciado oficialmente sobre la sanción, pero se espera que su equipo legal tome acciones para apelar o aclarar los hechos ante la opinión pública. El incidente deja en entredicho no solo la gestión del Ministerio de Salud, sino también la transparencia y eficacia en la toma de decisiones dentro de las instituciones del Estado.
Este caso refleja la importancia de cumplir con las órdenes judiciales y abre un debate sobre las responsabilidades de los altos funcionarios en el cumplimiento de sentencias, especialmente cuando estas involucran temas sensibles como el uso de productos agrícolas que afectan la salud de la población y el medio ambiente.
