La reciente creación de grupos de seguridad ciudadana en Medellín y Bogotá ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad, recordando experiencias pasadas con las cooperativas de vigilancia conocidas como “Convivir”.
En la década de 1990, el gobierno colombiano promovió las “Convivir” como una estrategia para involucrar a la ciudadanía en labores de seguridad. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas cooperativas fueron vinculadas a actividades paramilitares, lo que derivó en violaciones de derechos humanos y afectaciones a la población civil.
Recientemente, en Medellín, el exalcalde Federico “Fico” Gutiérrez ha impulsado iniciativas similares bajo el nombre de “Guardianes”. Aunque se presentan como esfuerzos para mejorar la seguridad local, hay preocupaciones sobre el riesgo de que estos grupos puedan desbordar sus funciones y replicar situaciones del pasado.
En Bogotá, también se han propuesto estrategias de seguridad comunitaria que evocan las “Convivir”. Estas iniciativas buscan involucrar a los ciudadanos en la vigilancia de sus barrios, pero expertos y defensores de derechos humanos advierten sobre la necesidad de establecer controles claros para evitar posibles abusos.
La experiencia con las “Convivir” dejó lecciones importantes sobre los peligros de delegar funciones de seguridad en grupos civiles sin una adecuada supervisión estatal. La falta de control llevó a que algunas de estas cooperativas se desviaran de sus objetivos iniciales, contribuyendo a la expansión del paramilitarismo en Colombia.
Es fundamental que las autoridades locales y nacionales analicen cuidadosamente las implicaciones de estas nuevas iniciativas de seguridad. La participación ciudadana es crucial, pero debe enmarcarse dentro de parámetros legales y éticos que garanticen el respeto por los derechos humanos y eviten la repetición de errores del pasado.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación y llaman a un debate amplio sobre el papel de estos grupos en la seguridad ciudadana. Insisten en la importancia de fortalecer las instituciones oficiales encargadas de la seguridad y la justicia, en lugar de delegar estas responsabilidades en actores privados o comunitarios sin la preparación adecuada.
La historia reciente de Colombia demuestra que las soluciones rápidas en materia de seguridad pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Por ello, es esencial abordar estos temas con responsabilidad y cautela, priorizando siempre la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento del estado de derecho.
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