Aunque algunos sectores del uribismo promueven al expresidente Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026, expertos advierten que la Constitución lo inhabilita, ya que el vicepresidente debe cumplir los mismos requisitos y restricciones del presidente.
En sectores de la derecha colombiana ha comenzado a circular la idea de postular al expresidente Álvaro Uribe Vélez como fórmula vicepresidencial en las elecciones presidenciales de 2026. Sin embargo, este movimiento ha reavivado un debate constitucional sobre los límites del poder y la elegibilidad de exmandatarios.
Los impulsores de esta propuesta sostienen que la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial solo impide que un expresidente vuelva a ser elegido como jefe de Estado, pero no como vicepresidente. Según esta interpretación, Uribe podría acompañar a un candidato presidencial sin vulnerar la Carta Magna.
No obstante, constitucionalistas consultados señalan que esta interpretación omite una lectura integral del ordenamiento jurídico. El artículo 204 de la Constitución establece que para ser vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente. Por tanto, las inhabilidades también se trasladan al segundo cargo del Ejecutivo.
Entre esas inhabilidades está la que prohíbe expresamente que quien ya haya sido elegido presidente vuelva a aspirar a ese cargo. En el caso de Uribe, quien gobernó por dos períodos consecutivos entre 2002 y 2010, esta restricción se aplica de forma contundente.
Los expertos explican que el impedimento también se extiende a la vicepresidencia porque esta figura está llamada a reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Así, si Uribe llegara a ocupar la vicepresidencia, podría estar en posición de ejercer nuevamente como presidente, lo cual sería inconstitucional.
Además del análisis legal, los especialistas advierten sobre un riesgo político y jurídico considerable. Si un candidato presidencial insiste en inscribir a Uribe como su fórmula vicepresidencial, el Consejo Nacional Electoral podría declarar nula la inscripción completa de la dupla, dejando fuera de competencia tanto al aspirante como al expresidente.
Este intento ha generado fuertes reacciones en el espectro político y jurídico del país. Para algunos, representa un nuevo capítulo en los esfuerzos por reinterpretar la Constitución en beneficio de figuras políticas específicas. Para otros, es un distractor que refleja la falta de renovación dentro del uribismo.
El debate sobre la participación de Uribe en futuras elecciones reabre discusiones de fondo sobre los límites al poder, la institucionalidad democrática y la necesidad de que los líderes políticos respeten las reglas del juego. Por ahora, la Constitución parece cerrarle definitivamente las puertas a su regreso, aunque sea por la puerta trasera.
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