La comunidad de Natagaima se mantiene en protesta contra el contrato que permitiría la llegada de residuos de otros municipios al relleno sanitario Pacandé. La Unidad Móvil y Diálogo Social intervino para restablecer el orden, mientras el personero municipal instó a levantar la manifestación.
La controversia en Natagaima, Tolima, por la disposición de residuos provenientes de otros municipios sigue generando tensiones. En la mañana del 14 de febrero de 2025, la Unidad Móvil y Diálogo Social intervino en la manifestación organizada por la comunidad, en rechazo al contrato de operación #028 de 2023, que permite el ingreso de basuras al relleno sanitario Pacandé.
Desde hace semanas, la ciudadanía ha expresado su inconformidad ante lo que consideran una amenaza ambiental y de salud pública. Los manifestantes argumentan que la decisión fue tomada sin consultar a la comunidad y que traerá consigo graves consecuencias para el municipio. En este contexto, la llegada de la Unidad Móvil buscaba restablecer el orden y generar espacios de diálogo.
Durante la intervención, el personero municipal se dirigió a los medios de comunicación afirmando que los diálogos con la administración local y las entidades departamentales han finalizado. Además, insistió en que la protesta no cuenta con un respaldo legal y pidió la apertura inmediata del relleno sanitario.
Estas declaraciones generaron molestia entre los manifestantes, quienes rechazaron ser representados por el personero y denunciaron que sus derechos han sido vulnerados. Además, resaltaron la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Gobernación del Tolima y Cortolima en reuniones previas, como la recolección y análisis de muestras de agua, que aún no se han realizado.
Por su parte, la representante de la Unidad Móvil y Diálogo Social hizo un llamado a la concertación y al respeto por los tiempos de intervención de todas las partes. Se acordó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Natagaima para recibir y analizar la documentación sobre el conflicto.
Las comunidades indígenas y campesinas afectadas han denunciado campañas de desinformación en su contra, señalando la difusión de noticias falsas y ataques dirigidos a desacreditar su protesta. Según los líderes del movimiento, esta estrategia busca debilitar la moral de los manifestantes y generar divisiones internas.
A pesar de la presencia de la fuerza pública, los manifestantes han reiterado su compromiso con una protesta pacífica. Afirman que no caerán en provocaciones y que continuarán defendiendo su territorio hasta que se revoque el contrato que permite la llegada de basuras de otros municipios.
Actualmente, hay dos frentes judiciales en curso: uno liderado por la veeduría ciudadana “Natagaima No Quiere Basuras de Otros Municipios”, que ha llegado al Consejo de Estado, y otro impulsado por las comunidades indígenas afectadas. Ambos procesos buscan frenar la operación del relleno sanitario en las condiciones actuales.
Los habitantes de Natagaima exigen respuestas de las autoridades y responsabilizan a los funcionarios que firmaron el contrato. Aseguran que su lucha no es solo por el presente, sino por la salud y bienestar de las futuras generaciones.
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